Este miércoles 28 de junio a las 12:00 horas, los Colegios de la Abogacía de toda España se han concentrado ante las principales sedes judiciales de las distintas ciudades para pedir la decidida implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución para la justicia, en la que también han participado todos y todas los abogados del Colegio de la Abogacía de Ceuta, con sus togas, frente al edificio de los Juzgados
Con el lema ‘La Justicia es una cuestión de Estado’ quieren exigir a los partidos que concurren en las elecciones que hagan de la justicia una prioridad, para que la XV legislatura «sea por fin la legislatura de la justicia». La decana del Colegio de Abogados, Isabel Valriberas, se ha encargado de leer el manifiesto.
Manifiesto
Reclamamos un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados.
La actual situación del servicio público de justicia es insostenible. El servicio público de justicia lleva paralizado por diversas huelgas desde hace más de 4 meses, sin cumplimiento efectivo de los servicios mínimos y sin visos de solución.
Las recientes y sucesivas convocatorias de huelgas de distintos colectivos de la justicia se suman a un déficit histórico y estructural que el servicio público arrastra desde hace décadas. Tras 4 meses consecutivos de huelgas, se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fiados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027.
Es descorazonador que los ciudadanos y profesionales de la justicia tengamos que concentrarnos ante las sedes iudiciales para recordar a los poderes públicos algo tan evidente como que la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, la propia vida en sociedad, dado que tiene por función resolver los conflictos, dotando así de seguridad y confianza a la ciudadanía.
Es desolador que tengamos que concentrarnos para recordar que la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar.
Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La pronta solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado.
Reclamamos un Pacto de Estado tras las elecciones generales del 23 de julio, que permita crear un servicio público, efectivo y de calidad, durante la próxima legislatura.
El actual deterioro del funcionamiento e imagen institucional de la Justicia nos afecta a todos. Con miles de procedimientos paralizados y unos tiempos de respuesta inasumibles, la Justicia sufre una grave crisis reputacional y graves ineficiencias.
La XV Legislatura de la democracia española debe ser la Legislatura de la Justicia, con mayúsculas: una legislatura que inicie su andadura con un gran Pacto de Estado por la Justicia, honrado por cualesquiera que sean los partidos que finalmente gobiernen.
Llevamos décadas reclamando una reforma profunda y duradera de la Justicia, para convertirla en un servicio público equivalente a la sanidad o la educación. Hace falta transformar la administración de justicia en un verdadero servicio público de calidad, que mejore la seguridad jurídica en sociedad y genere confianza a la ciudadanía. Para ello hace falta abordar con altura de miras, lealtad institucional y sentido de Estado cuestiones básicas entre la mayoría de los profesionales de la justicia desde hace años:
- Gobernanza incluyente: Creación de mecanismos reales de coordinación regular entre las instituciones y administraciones con competencias en materia de Justicia (a nivel estatal, autonómico, provincial y por partidos judiciales), asegurando la participación efectiva de los profesionales que intervenimos en ella, así como de la ciudadanía.
- Recursos materiales y personales: Previsión de inversiones para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita en ámbitos organizativos y de recursos humanos.
- Racionalización organizativa: Racionalización de los métodos de trabajo de la Administración de Justicia, revisando su organización territorial y funcional, mediante una transformación estructural que, implantando tribunales de instancia, supere el marco actual, cuya excesiva rigidez impide el aprovechamiento de los recursos, con respeto a los principios de especialidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, flexibilidad y proximidad al ciudadano.
- Ejecución de resoluciones: Mejora sustancial de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales, dotando a la Administración de Justicia de todos los medios de los que otras Administraciones disponen para su ejecución.
- Expediente electrónico: Implantación efectiva e inmediata en todo el territorio del expediente judicial electrónico, con el que puedan interactuar todos los intervenientes en el proceso, posibilitando trámites on-line para la ciudadanía en condiciones de seguridad, confidencialidad y pleno respeto a sus derechos fundamentales.
- Acceso universal: Revisión del marco legal del sistema de acceso universal a la justicia para que la asistencia jurídica gratuita garantice estrictamente a la ciudadanía que carece de recursos
económicos,
Un servicio de calidad, con profesionales
debidamente formados a los que se garantice una compensación
digna que ampare todas las actuaciones efectuadas por designaciones de Oficio, y manteniendo la proximidad territorial, y tendiendo a la especialización por áreas y servicios. - Conciliación de la vida personal y profesional: Posibilidad de la conciliación de la vida personal y familiar de todos los profesionales que intervenimos en el servicio público de justicia, sin merma de los derechos de los justiciables.
- Regulación del Derecho de Defensa e Instrucción por el Ministerio
Fiscal: Aprobación de una Ley Orgánica de Derecho de Defensa para cerrar el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, así como de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoja un moderno sistema de instrucción y un enjuiciamiento para adaptarse a las exigencias jurídicas constitucionales e internacionales, homologable a los países de nuestro entorno. - Solución adecuada de diferencias: Impulso decidido y eficaz de mecanismos adecuados de solución de conflictos (mediación intrajudicial, conformidades, arbitraje) fomentando la cultura del acuerdo.
- Recursos y procedimientos: Revisión del sistema legal de recursos, armonizando en lo posible los trámites y requisitos en todos los órdenes iurisdiccionales y generalizando la segunda instancia como garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía; así como revisión de los procedimientos tendente a la uniformidad, simplificación y antiformalismo, reconsiderando asimismo el criterio de condena en costas, para que el principio del vencimiento no limite el acceso a la tutela judicial efectiva, tendiendo a que se imponga a quien litiga con mala fe o temeridad.
- La modificación del marco normativo de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio: Instando a los poderes públicos para que, sin dilación, promuevan una hueva Ley reguladora de la materia, contando para ello con la dilatada experiencia de la Abogacía. A través de este Pacto y de las consecuentes actuaciones que hayan de acometer las distintas Administraciones responsables, habrá de obtenerse no solo un sistema claro y eficaz para la ciudadanía, sino también la dignificación del trabajo de los profesionales de la abogacía. Respecto a las compensaciones económicas por las actuaciones realizadas por los profesionales, se reclama de las Administraciones que no solo se alcancen los niveles retributivos ya existentes en determinados territorios, sino que, además, en todos ellos se garantice su actualización. Además, es necesaria uno ampliación del elenco de las actuaciones de los profesionales. En dado caso se reclama que se garantice una compensación económica al profesional de la abogacía en todas las actuaciones realizadas por designación colegial a través del Turno de Oficio reúnen cuando el justificable, sea persona física o jurídica, no goce o o sea denegado el derecho a la justicia gratuita. Es injusto que una carga profesional impuesta por el Estado a través de sus leves quede sin reconocimiento económico.
