El exministro José Luis Ábalos afronta su momento más crítico. Actualmente en prisión provisional en Soto del Real, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez se enfrenta a un horizonte penal con tres frentes abiertos: la trama de las mascarillas, el «caso Cerdán» por obra pública y la inminente imputación por el fraude de los hidrocarburos.
El panorama judicial de José Luis Ábalos ha dado un vuelco definitivo este febrero de 2026. Quien fuera secretario de Organización del PSOE y titular de Transportes se encuentra ya interno en la prisión de Soto del Real, cumpliendo prisión preventiva mientras se desmorona su estrategia de defensa basada en la nulidad de las actuaciones. El pasado jueves, 12 de febrero, Ábalos abandonó por unas horas el centro penitenciario para asistir a la vista preliminar en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas, mostrando un semblante serio y visiblemente desgastado.
El muro del Tribunal Supremo y la «estrategia de dilación»
En la audiencia técnica celebrada esta semana, el letrado de Ábalos, Marino Turiel, y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, intentaron sin éxito forzar la nulidad del proceso alegando indefensión e investigaciones ilegales. Sin embargo, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, desmontó cada uno de los argumentos, defendiendo la competencia del Supremo pese a que Ábalos ya no es diputado.
La defensa sostiene que, al haber renunciado al acta de diputado, la causa debería volver a la Audiencia Nacional. La Fiscalía, por su parte, alerta de que este movimiento solo busca provocar «dilaciones indebidas» y retrasar un juicio que el Alto Tribunal prevé celebrar el próximo mes de abril.
Hidrocarburos: el nuevo frente de Santiago Pedraz
Mientras el Supremo ultima el juicio de las mascarillas, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, está a un paso de dictar la imputación de Ábalos y Koldo en una pieza separada del «caso hidrocarburos». La investigación, impulsada por un informe de la UCO, apunta a que la trama liderada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama destinó cerca de un millón de euros a «comprar voluntades» en el Ministerio de Transportes.
Los indicios en este frente son especialmente crudos:
• El chalet de La Alcaidesa: Se investiga si la trama pagó el uso y disfrute de esta vivienda de lujo para el exministro.
• Pagos en efectivo: La UCO detalla entregas de dinero negro para facilitar que la empresa Villafuel SL obtuviera licencias de operador mayorista.
• El nexo Aldama: El empresario Víctor de Aldama habría percibido más de 292.000 euros por actuar como puente entre los empresarios y el Ministerio.
El «caso Cerdán» y el botín de la obra pública
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A estos dos procesos se suma una tercera vía: el caso Cerdán. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente investiga si Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán integraron una red para amañar contratos de obra pública en Adif y la Dirección General de Carreteras. En esta causa, los investigadores estiman que los implicados pudieron repartirse un «botín» cercano a los cinco millones de euros.
Con la Fiscalía Anticorrupción ya inclinada a solicitar su imputación formal en la Audiencia Nacional por los hidrocarburos, el exministro se enfrenta a una concatenación de juicios que podrían mantenerlo en prisión durante años. Su entorno asegura que Díaz y el Gobierno observan con «distancia deliberada» un proceso que ya ha dejado de ser una crisis política para convertirse en una encrucijada penal sin precedentes en la democracia española.
