El Partido Socialista ha irrumpido en el tramo final de la campaña de las elecciones andaluzas exigiendo al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, la destitución inmediata de Lucrecia Sánchez, actual directora gerente del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén). La reclamación llega tras conocerse que la Oficina Antifraude de Andalucía ha admitido a trámite una denuncia para investigar el presunto cobro irregular de complementos salariales durante los meses más duros de la crisis sanitaria.
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El foco de la polémica: hasta 70 guardias facturadas en un mes
La investigación de la Oficina Antifraude pone la lupa sobre las retribuciones percibidas por la directiva, detectándose anomalías tan llamativas como la facturación de hasta 70 guardias en un único mes.
La portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha calificado la situación de «inadmisible» e «indecente», contrastando estos sobresueldos con la precariedad, la falta de estabilidad y la congelación de las bolsas de empleo que sufrieron los profesionales sanitarios en primera línea durante la pandemia. Según el PSOE, mientras los sanitarios arriesgaban sus vidas con contratos precarios, la dirección se embolsaba retribuciones bajo conceptos injustificables.
La defensa de la directora: «Eran desplazamientos, no guardias»
Por su parte, la directora gerente del centro hospitalario, Lucrecia Sánchez, se ha defendido argumentando que esos pagos bajo el concepto de «guardias especiales» eran una práctica habitualizada en el Servicio Andaluz de Salud en aquel momento. “No eran guardias. Yo no he hecho una guardia en mi vida”, ha asegurado, justificando que los cobros correspondían en realidad a compensaciones por la alta carga de desplazamientos y reuniones derivados de sus funciones de coordinación durante la emergencia sanitaria.
Impacto en la recta final del 17-M
La denuncia ha sido utilizada de inmediato por el PSOE como punta de lanza en su estrategia electoral. Los socialistas, que han centrado gran parte de su discurso de campaña en denunciar el «debilitamiento y colapso» de los servicios públicos de la Junta, consideran que este caso evidencia la gestión de la sanidad andaluza bajo el mandato del Partido Popular.
La oposición exige que la Junta de Andalucía aclare los hechos de inmediato para frenar el clima de «angustia y desesperación» de los usuarios de una comarca donde el hospital ha dejado de ser un referente para verse sumido en una profunda crisis institucional
