El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta una nueva etapa de tensiones en la negociación con Junts. Carles Puigdemont ha intensificado la presión sobre el Gobierno central al situar la defensa del catalán y el control de la inmigración como condiciones clave en plena pugna con Aliança Catalana por el liderazgo independentista.
El Gobierno prevé obligar a las empresas que operen en Cataluña a atender a sus clientes en la lengua autonómica, una medida que busca reforzar el uso social del catalán. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros llevará a votación el traspaso de competencias en materia de extranjería a la Generalitat, pese a la negativa expresa de Podemos, socio parlamentario del Ejecutivo.
Este doble frente —lengua e inmigración— se ha convertido en terreno de disputa política en Cataluña, donde Junts trata de marcar perfil propio frente al auge de opciones independentistas rivales. Desde Moncloa se admite que la negociación es delicada, pero necesaria para mantener la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno en el Congreso.
