El Ministerio Público concluye, apoyado en un informe de la UCO, que la información entregada por el PSOE en la Audiencia Nacional no aporta novedades relevantes ni justifica la apertura de una causa judicial.
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado este martes el archivo de las diligencias de investigación relativas al dispositivo de memoria USB que la exmilitante socialista Leire Díez entregó a la dirección del PSOE en junio de 2025. Tras meses de análisis, el Ministerio Público ha determinado que el contenido del dispositivo no contiene indicios de criminalidad que permitan judicializar la información.
La decisión llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil finalizara el examen exhaustivo del material. Según fuentes fiscales, el informe policial concluye que los datos aportados —que incluían documentos, audios y supuestas pruebas de seguimientos a altos cargos— no presentan «novedades significativas» respecto a lo que ya se conocía o se está investigando en otras causas paralelas.
El origen de la polémica
El recorrido de este ‘pendrive’ comenzó el 3 de junio de 2025, cuando Leire Díez, antes de solicitar su baja del partido, entregó el dispositivo al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la sede de Ferraz. El PSOE, bajo la premisa de actuar con «luz y taquígrafos», remitió inmediatamente el material a la Fiscalía General del Estado, que a su vez lo derivó a la Audiencia Nacional.
Durante este tiempo, el contenido del USB generó una gran expectación política, ya que se especuló con que contenía:
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- Información sobre la denominada «trama de los hidrocarburos».
- Supuestos seguimientos al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y a mandos de la Guardia Civil.
- Documentación recopilada por Díez durante lo que ella calificó como un «trabajo periodístico» para un futuro libro.
Sin recorrido judicial
Sin embargo, el criterio de la Fiscalía ha sido tajante: no hay base para una nueva imputación. El archivo de estas diligencias supone un respiro para el entorno del PSOE, que se vio salpicado por las maniobras de su exmilitante, aunque Leire Díez sigue enfrentando otros procesos judiciales por presunto cohecho y tráfico de influencias en juzgados de instrucción de Madrid.
Esta resolución coincide, además, con la reciente orden del juez Santiago Pedraz de realizar un «expurgo» del material personal incautado a Díez en su domicilio, garantizando que solo la información estrictamente vinculada a los delitos investigados (como el presunto amaño de contratos en la SEPI) permanezca en el sumario.
Con este carpetazo, la Audiencia Nacional desvincula definitivamente el material que el PSOE entregó de forma voluntaria de cualquier trama de espionaje o extorsión que pudiera haber tenido recorrido penal autónomo.
