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MADRID — El Gobierno ha renunciado a emprender una revisión extraordinaria de los miles de expedientes de nacionalidad concedidos bajo la conocida como «ley de nietos» (Ley de Memoria Democrática). La decisión se produce tras los reveses judiciales que mantienen suspendido de forma cautelar el derecho al voto en las elecciones generales del 29-N para más de 160.000 nacionalizados en el exterior.
Desde La Moncloa no se ha establecido ningún calendario para auditar de forma acelerada los expedientes paralizados ni se han anunciado compromisos para reforzar el personal en la red de oficinas consulares. Esta inacción operativa deja congelado el censo CERA afectado a poco más de un mes para la cita con las urnas.
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Conflicto judicial y estrategia del relato
Ante la suspensión cautelar avalada por los tribunales tras los recursos presentados contra los criterios de tramitación, la Abogacía del Estado ya había advertido con anterioridad sobre la imposibilidad técnica de revisar con garantías la totalidad de las resoluciones antes de la apertura de los colegios electorales.
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Pese a que el Ejecutivo ha denunciado públicamente el escenario asegurando que se está privando del ejercicio de un derecho fundamental a ciudadanos con nacionalidad española, las instituciones renuncian a activar planes de choque para solucionar el colapso administrativo. De este modo, la controversia queda desplazada al terreno del debate político, donde el Gobierno opta por alimentar el argumento del bloqueo judicial mientras la vía para restituir a tiempo el voto de los inscritos queda prácticamente descartada.
