Las dudas sobre el encaje con la tutela judicial efectiva y el principio de no devolución paralizan el borrador presentado por Ángel Víctor Torres, criticado por ONG como CEAR.
MADRID.— El Gobierno central ha decidido dejar en suspenso la aprobación del decreto marco diseñado para agilizar las expulsiones y reestructurar el procedimiento de asilo en Ceuta tras la reciente crisis migratoria. El texto, que estaba previsto ser elevado este martes al Consejo de Ministros, ha sido retenido por el Ejecutivo para ser sometido a un análisis jurídico más minucioso junto a los servicios de la Abogacía del Estado ante las severas dudas legales sobre su encaje constitucional e internacional.
El propio ministro responsable del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, reconoció tras la reunión gubernamental que el proyecto aún no contaba con el «visto bueno definitivo». Torres justificó el aplazamiento admitiendo la complejidad de la norma: «No es sencillo, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales, de protección y derechos internacionales», señalando que no se descarta la necesidad de abordar reformas legislativas de mayor calado.
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Los ejes de la controversia legal
El borrador del decreto introduce cambios sustanciales orientados a acelerar los retornos y desatascar la saturación administrativa en la ciudad autónoma, entre los que destacan:
- Plazo límite de siete días: Inadmisión de las solicitudes de protección internacional que se formulen transcurridos siete días hábiles desde la notificación de una orden de devolución, sanción de expulsión o denegación de entrada.
- Recortes en las apelaciones y permanencia: Reducción de los plazos para recurrir resoluciones desfavorables y eliminación del derecho de permanencia en España para personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional o la orden pública, o que presenten peticiones reiteradas para frenar su expulsión.
- Agilización administrativa: Supresión del examen previo de expedientes por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) —donde participa ACNUR—, trasvasando la competencia directa a la Dirección General de Protección Internacional.
- Efecto retroactivo: Aplicación del marco normativo a las solicitudes formalizadas en Ceuta desde el pasado 30 de julio de 2026 que continúen pendientes de resolución.
Fuerte rechazo de las organizaciones humanitarias
Las medidas han despertado una oleada de críticas entre las ONG especializadas en defensa de los derechos humanos. Entidades como el Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Movimiento por la Paz y el Servicio Jesuita a Migrantes han instado al Ejecutivo a retirar o reformular la propuesta.
Desde CEAR, su director general, Mauricio Valiente, ha tildado el borrador como un «régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo», criticando que la prioridad del Gobierno se centre en acelerar las expulsiones en lugar de reforzar la respuesta humanitaria y derivar a los solicitantes a la Península mediante el sistema ordinario de protección.
Por el momento, la norma permanece congelada y sujeta a eventuales modificaciones entre ministerios antes de que el Consejo de Ministros vuelva a valorar su tramitación.
