La Generalitat de Cataluña plantea restaurar los sistemas de pago por uso en las autopistas para reordenar el tráfico, mejorar la seguridad vial y garantizar la conservación de la red de carreteras tras su liberalización
La Conselleria de Territori de la Generalitat de Cataluña ha abierto la puerta a la reimplantación de los sistemas de peaje en diversas autopistas de la comunidad autónoma. Esta medida responde al notable incremento del volumen de tráfico registrado desde la liberalización de estas vías de alta capacidad, lo que ha derivado en un aumento de la siniestralidad y en un deterioro progresivo de las infraestructuras. El Govern contempla la recuperación del pago por uso como una herramienta indispensable para garantizar la conservación de la red viaria, mejorar la seguridad de los conductores y reordenar la circulación, especialmente la del transporte de mercancías por carretera.
La congestión y la siniestralidad impulsan el cambio de postura en la AP-2 y la AP-7
El escenario de las autopistas catalanas ha experimentado una transformación significativa desde el levantamiento de las barreras de peaje en septiembre de 2021. Las autoridades autonómicas reconocen que la gratuidad ha provocado una saturación masiva de las infraestructuras. La autopista AP-7, que recorre la costa de la región de norte a sur, registra frecuentes cuellos de botella y un elevado índice de siniestralidad, habiéndose cobrado la vida de diez personas únicamente en la primera mitad del año 2026.
Por su parte, el tramo catalán de la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo) también se sitúa en el centro de esta problemática al superar un tráfico diario de 20.000 vehículos. La gratuidad de esta vía de alta capacidad atrajo de manera masiva al transporte pesado de mercancías que anteriormente circulaba por la carretera nacional N-II. Esta concentración de camiones ha acelerado la degradación del asfalto, incrementado la siniestralidad y restado eficacia a la distribución del tráfico entre las diferentes carreteras disponibles.
Ante este panorama, el propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestado recientemente que la reclamación histórica del fin de los peajes pudo haber sido un error de cálculo, señalando la necesidad de contar con una vía de financiación estable que garantice el correcto mantenimiento de la red frente a deficiencias actuales como la proliferación de baches o la presencia de vehículos abandonados en los márgenes de las autopistas.
El modelo de peaje sin barreras físicas y su calendario de implantación
El secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, ha concretado que el horizonte temporal que maneja el ejecutivo autonómico para la entrada en vigor de estos sistemas de pago en autopistas clave como la AP-7 oscila entre los dos y los tres años. No obstante, la implantación de la medida no supondría el regreso de las tradicionales cabinas de cobro con barreras físicas.
La opción prioritaria que analiza la administración catalana es el sistema tecnológico conocido como free flow (flujo libre), similar al que ya se encuentra operativo en la red de autovías de Portugal o en la A-636 en el País Vasco. Este mecanismo emplea pórticos equipados con cámaras lectoras de matrículas que identifican a cada vehículo durante su marcha y emiten de forma automática la correspondiente factura, evitando así las retenciones de tráfico.
Al tratarse la AP-2 y la AP-7 de autopistas de titularidad estatal, la puesta en marcha de cualquier sistema de peaje requerirá el correspondiente acuerdo y coordinación con el Ministerio de Transportes. De aplicarse de manera exclusiva en Cataluña, el tramo aragonés de la AP-2 (que conecta las localidades de Zaragoza y Fraga) mantendría su actual gratuidad.
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Tarifas por kilometraje, sostenibilidad y regulación del tráfico pesado
Los análisis técnicos de la Generalitat van más allá de la mera recaudación y buscan establecer un modelo de movilidad más sostenible y eficiente. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha indicado que el Govern estudia la implantación de peajes por kilometraje basados en tecnología satelital. Bajo este criterio, el importe final de las tarifas podría modularse en función de las especificaciones de cada vehículo, penalizando con cuantías superiores a aquellos automóviles y camiones que presenten un mayor tonelaje o unos niveles de emisiones más elevados.
Este nuevo marco tarifario y de gestión se contempla también para otras infraestructuras de comunicación bajo supervisión autonómica que se encuentran en el punto de mira para recuperar los peajes, tales como la C-16, la C-14 o el Eix Transversal.
En el caso específico de la AP-7, el plan integral de la Generalitat no se limita a la tasa económica. Para rebajar los índices de siniestralidad y mejorar la fluidez de la marcha, la propuesta incluye la prohibición de efectuar adelantamientos a los vehículos destinados al transporte de mercancías pesadas, así como la obligatoriedad de que aquellos camiones que superen los 7.500 kilos de peso circulen de manera exclusiva por el carril derecho.
La administración defiende que esta reordenación fiscal y circulatoria de las autopistas debería extenderse de manera uniforme a todo el territorio nacional con el fin de evitar agravios comparativos entre comunidades autónomas. Frente a estas medidas, las agrupaciones de transportistas señalan que los problemas de saturación actuales de la red viaria derivan de una insuficiencia de infraestructuras, debido a la ausencia de un tercer y cuarto carril en puntos críticos como las comarcas del Vallès y el Penedès, y a la falta de itinerarios alternativos que resulten seguros para la circulación profesional.
