La formación remite los contratos y facturas al juzgado que investiga a la exmilitante por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.
MADRID. — El PSOE de Cantabria ha acreditado ante la Justicia que la exmilitante socialista Leire Díez percibió un total de 44.859 euros brutos entre los años 2015 y 2017. Según la documentación remitida al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, estos abonos correspondieron a sus funciones como asesora de comunicación, las cuales desempeñó bajo el régimen de autónoma dependiente para la federación cántabra del partido.
Esta notificación responde a una diligencia judicial solicitada el pasado mes de abril por la asociación HazteOir, que ejerce como acusación popular en la causa. El desglose detallado corrige y amplía una primera comunicación del PSOE, en la que inicialmente solo se había informado de un pago de 15.000 euros a Díez durante el ejercicio de 2017.
Contratos, facturas e indemnizaciones por transferencia
En el escrito remitido al magistrado, el PSOE detalla que la relación laboral con Díez se dividió en dos periodos diferenciados mediante contratos de autónoma dependiente:
- Primer periodo (1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017): La exmilitante percibió 32.903 euros brutos, correspondientes a 18 facturas.
- Segundo periodo (1 de marzo al 7 de septiembre de 2017): Se le abonaron 11.956 euros brutos, cifra que incluye las facturas de esos meses y la indemnización por la rescisión unilateral del contrato por parte del partido.
La formación política ha aportado al juzgado toda la documentación acreditativa, incluyendo los dos contratos suscritos, las 26 facturas emitidas y la carta de rescisión contractual, especificando que todos los pagos se realizaron mediante transferencia bancaria.
Te interesa
Dos frentes judiciales abiertos
El juez Zamarriego investiga actualmente a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por la presunta comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias. Las pesquisas se centran en supuestas maniobras de presión y desprestigio dirigidas contra fiscales, jueces y altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el supuesto objetivo de frustrar diversas investigaciones judiciales en curso.
Este procedimiento en los juzgados de Madrid es independiente de la causa penal que Díez tiene abierta en la Audiencia Nacional.
En ese segundo frente judicial, dirigido por el magistrado Santiago Pedraz, se investiga una supuesta trama dedicada a torpedear causas judiciales que pudieran afectar negativamente al PSOE y al Gobierno. En dicha causa de la Audiencia Nacional, los investigadores sitúan al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al frente de las presuntas actividades ilícitas, mientras que atribuyen a Leire Díez el papel de coordinadora de las operaciones.
