El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido incluir en su programa electoral varias medidas que han sido propuestas por su socio de coalición, Sumar, a pesar de que durante la legislatura se ha resistido a aprobarlas. Entre estas medidas se encuentran el nuevo registro horario y la prestación universal por crianza, que ahora forman parte de la oferta electoral de Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
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Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha señalado que el reglamento para el registro horario lleva un año listo y no necesita pasar por el Congreso para su aprobación. Sin embargo, el Gobierno no tiene intención de aprobar estas medidas antes de las elecciones, a pesar de que podrían hacerlo levantando los vetos existentes.
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Registro horario y prestación por crianza
El registro horario es una de las iniciativas que Díaz ha destacado como ejemplo de las promesas no cumplidas por el PSOE. Según la ministra, el reglamento está preparado y solo requiere la aprobación del Consejo de Ministros. La medida ha generado desacuerdos dentro del Gobierno, especialmente con el área económica, debido a las obligaciones que impondría a las empresas.
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Por otro lado, la prestación universal por crianza ha sido defendida por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pero ha enfrentado reticencias presupuestarias del PSOE. A diferencia del registro horario, esta medida necesitaría un decreto ley y su posterior convalidación parlamentaria.
Discrepancias y contexto electoral
Díaz ha afirmado que ambas iniciativas están listas y que solo falta voluntad política para su aprobación. Sin embargo, las agendas de los dos últimos Consejos de Ministros están prácticamente cerradas y no incluyen estas medidas. Desde el ala socialista del Gobierno, se señala que su aprobación podría ser considerada en la próxima legislatura.
El momento elegido para estas disputas es significativo, ya que Sánchez ha organizado la recta final de la legislatura con una serie de anuncios sociales, como la revalorización de las pensiones y la subida salarial de los funcionarios. Aunque algunas decisiones han mostrado acuerdos entre los socios, como la exención del IRPF para quienes perciben el salario mínimo, el consenso no se ha extendido a todas las propuestas.
















