El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la denominada ‘ley de nietos’, tras detectar «irregularidades de gran relevancia» en el censo de españoles residentes en el exterior (CERA). La medida se mantendrá de cara a las elecciones del 29 de noviembre, ya que el tribunal considera que estas irregularidades podrían afectar los resultados electorales.
Te interesa
Lee tambien: El Tribunal Constitucional podría inadmitir el recurso del Defensor del Pueblo sobre la ley de nietos
En un auto emitido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se subraya la necesidad de preservar el mandato legal de la disposición adicional octava 1 de la ley de memoria democrática. Esta disposición garantiza el derecho al voto de los descendientes de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, pero siempre en condiciones y límites establecidos por la ley.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Irregularidades en el censo CERA
El tribunal ha encontrado indicios de irregularidades en la configuración del CERA, especialmente en la incorporación de personas que no acreditaron la condición de exiliados de sus ascendientes. Esto se debe a una instrucción de Justicia del 25 de octubre de 2022, que permitía prescindir de dicha acreditación para emigraciones entre el 18 de julio de 1936 y diciembre de 1955.
Lee tambien: PSOE critica fallo del Supremo sobre Ley de Memoria Democrática
Según la Abogacía del Estado, solo 901 de las 163.355 personas que adquirieron la nacionalidad española por esta vía acreditaron la condición de exiliados de sus antecesores. En el Consulado General de España en Buenos Aires, 17.775 personas obtuvieron la nacionalidad sin que ningún expediente incluyera prueba de exilio, según certificó el cónsul general.
Impacto en las elecciones
El auto del Tribunal Supremo destaca que las personas nacionalizadas por esta vía están distribuidas en todas las circunscripciones electorales del territorio nacional. Esto genera un riesgo serio de que su participación pueda afectar la limpieza y transparencia del proceso electoral y los resultados de las elecciones del 29 de noviembre.
El tribunal insiste en que el censo electoral debe incluir únicamente a quienes cumplen los requisitos legales. El derecho de sufragio no es absoluto y está sujeto a las condiciones establecidas por la ley electoral. La Sala Tercera del Tribunal Supremo reitera la importancia de un proceso electoral limpio y conforme a la legalidad, desde la elaboración del censo hasta el escrutinio final.
