Los datos de la OCDE ubican la tasa armonizada española en el 4,6 %, solo superada por Turquía, Hungría e Islandia; la oposición exige adaptar las tarifas del impuesto a la subida de precios para aliviar a las rentas medias y bajas.
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MADRID — España se ha consolidado como la cuarta economía del mundo desarrollado con la tasa de inflación más elevada, según el último informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con un Índice de Precios de Consumo (IPC) armonizado del 4,6 % en agosto —frente al 3,9 % registrado en julio—, la evolución de los precios en el país solo se sitúa por detrás de los índices reportados por Turquía, Hungría e Islandia, superando los registros del conjunto de la eurozona, Estados Unidos y el Reino Unido.
La escalada inflacionaria mantiene una tendencia al alza a las puertas del cierre del ejercicio. El indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa el IPC armonizado de septiembre en el 5 %, a la espera de la confirmación definitiva. Ante esta coyuntura, la OCDE ha elevado en cinco décimas su previsión de inflación media para España en el conjunto del año hasta el 3,6 %, una revisión que tendrá un impacto directo en el gasto público derivado de la revalorización de las pensiones, las prestaciones sociales y el coste del servicio de la deuda soberana.
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Pulso político por la deflactación de los tramos del impuesto sobre la renta
La persistencia del alza de precios ha reavivado el debate económico entre el Ejecutivo y la oposición a menos de dos meses de las elecciones generales del 29 de noviembre. Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a exigir la deflactación del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros anuales. Según los cálculos de la formación conservadora, este ajuste a la inflación supondría un ahorro medio de 400 euros al año por familia, con un impacto estimado en la recaudación pública de 12.000 millones de euros que, sostienen, podría asumirse gracias al incremento extraordinario de los ingresos fiscales provocado por la propia subida de los precios.
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Por su parte, el Gobierno mantiene su rechazo a modificar las tarifas del IRPF con carácter general. La postura del Ministerio de Hacienda argumenta que la deflactación de los primeros tramos beneficiaría de forma indirecta a las rentas más altas en ese primer tramo de ingresos. Frente a la propuesta de la oposición, el Ejecutivo defiende la efectividad de las reducciones fiscales selectivas aprobadas para las rentas más bajas, asegurando que sus medidas ya generan un ahorro de hasta 871 euros anuales para los colectivos con menores recursos.
