A diez años de la tragedia ocurrida el 6 de febrero de 2014, distintos colectivos continúan reclamando justicia para las víctimas y exigiendo un cambio en las políticas migratorias. En este marco, Ceuta se ha convertido una vez más en el epicentro de la XII Marcha por la Dignidad, un evento que busca recordar a quienes fallecieron en su intento de cruzar la frontera y fomentar el debate sobre los derechos de las personas migrantes.
Un espacio para la memoria y el análisis
Las actividades conmemorativas comenzaron en el Instituto de Educación Secundaria Abyla, donde se llevó a cabo una mesa redonda con la participación de diversos expertos y activistas. Moderada por Patuca Fernández, la sesión contó con las intervenciones de Marra Junior, quien abordó la situación en la frontera sur; Loueila Sid Ahmed, quien analizó los pactos migratorios actuales; y Sani Ladank, quien profundizó en las diferencias judiciales entre África y Europa en materia de visados y movilidad.
El objetivo principal de estos encuentros es reivindicar vías de acceso seguras y legales para las personas migrantes, evitando tragedias como la del 6F. En este sentido, el lema de este año, «Fronteras que matan», refleja la preocupación de los organizadores y participantes ante las políticas de contención migratoria que, según denuncian, ponen en peligro la vida de quienes buscan un futuro mejor.
«Una política basada en la represión y la violencia»
Ramsés Azumik, voluntario de la organización Elín y uno de los impulsores del evento, señaló que «las actuales políticas migratorias están marcadas por la represión, el control de la violencia y la externalización de la gestión fronteriza a terceros países». Además, subrayó la necesidad de «garantizar rutas seguras y legales que no supongan un riesgo para la vida de las personas migrantes».
En esta línea, los colectivos participantes han exigido «un pacto por el derecho a migrar», en contraposición con los acuerdos de contención recientemente aprobados. La respuesta de la sociedad civil ha sido significativa, con participantes procedentes de diversas ciudades españolas como Cádiz, Sevilla, Granada, Madrid, Bilbao y Valencia.
La lucha judicial sigue en curso
Pese a los años transcurridos, las víctimas y sus familiares siguen sin obtener una respuesta judicial satisfactoria. Según informó Patuca Fernández, recientemente se han interpuesto dos recursos ante el Tribunal Constitucional. Uno de ellos, impulsado por las familias de cuatro de las víctimas, denuncia la vulneración del derecho a la vida y el impedimento de acceso a la justicia. Además, se señala la falta de garantías en la identificación y enterramiento de los cuerpos, lo que vulneraría derechos como la libertad religiosa y la intimidad.
El segundo recurso, presentado por diversas asociaciones, también pone el foco en la tutela judicial efectiva y el derecho a la vida. Este último ya ha sido admitido a trámite en junio de 2023 y está pendiente de resolución, mientras que el primero aún está a la espera de una decisión.
«Espero que esta admisión a trámite se traduzca en una resolución que reconozca el derecho a la vida y a la movilidad, permitiendo elevar los estándares de protección en las sedes judiciales», manifestó Fernández.
A pesar de los obstáculos, los organizadores consideran que los avances judiciales y la creciente movilización social marcan un punto de inflexión. «El mayor cambio ha sido el aumento de las denuncias presentadas por los afectados», concluyó la representante de la Coordinadora de Barrios.
Mientras la lucha por justicia sigue su curso en los tribunales, la XII Marcha por la Dignidad continúa recordando a las víctimas del 6F y exigiendo un cambio en las políticas migratorias que garantice un acceso seguro y digno a quienes buscan un nuevo comienzo.
