La abogada Patuca Fernández, representante de la Coordinadora de Barrios, ha manifestado su optimismo ante la reciente admisión a trámite de un recurso interpuesto por organizaciones humanitarias en el caso de la tragedia del Tarajal. La noticia se dio a conocer durante su participación en las charlas previas a la Marcha por la Dignidad en el IES Abyla de Ceuta, evento que busca mantener viva la memoria de las víctimas y promover la justicia.
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Un paso adelante en la lucha judicial
El caso, que se encuentra atascado en el Tribunal Constitucional, involucra dos recursos: uno presentado por las familias de cuatro jóvenes que perdieron la vida el 6 de febrero de 2014, y otro promovido por diversas asociaciones humanitarias. Mientras que el recurso de las asociaciones ya ha sido admitido a trámite, el de las familias aún está pendiente de resolución. Fernández considera que este avance representa «una buena noticia» y espera que se traduzca en «una resolución de amparo que reconozca el derecho a la vida de las personas en movilidad».
«Once años y doce marchas después, seguimos reuniéndonos no solo para conmemorar las muertes de estas personas, sino para recordar sus vidas, que eran valiosas», afirmó la abogada. No obstante, ha reconocido que los procedimientos judiciales son lentos y complejos, con «muchos casos pendientes en el Tribunal Constitucional».
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El impacto en las familias y supervivientes
Las familias de las víctimas denuncian que se les ha negado el acceso a la justicia, así como el derecho a la libertad religiosa y a la intimidad, al no haber podido identificar ni decidir sobre el destino de los restos de sus seres queridos. Por otro lado, las asociaciones, como la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, han reclamado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la vida.
El caso también ha tenido un profundo impacto en los supervivientes. «Muchos de ellos sufren un grandísimo impacto traumático y no se atrevieron a denunciar en su momento. Ahora, con el tiempo, están reclamando justicia», explicó Fernández. Uno de estos casos es el de Crice O., quien perdió la visión de un ojo tras recibir el impacto de una bala de goma disparada por la Guardia Civil. Recientemente, ha interpuesto una denuncia ante la ONU por la falta de investigación del caso.
Su testimonio se suma al de otro superviviente, Ludovic N., quien presentó una queja similar hace un año. Ahora, se espera que el Estado español formule una primera respuesta sobre estas denuncias.
Un llamamiento contra la violencia en las fronteras
Desde Canadá, donde reside actualmente, Crice O. ha difundido un video en el que explica que su intención es denunciar la «barbarie, la violencia y la tortura» que sufren las personas migrantes en su intento de cruzar la frontera. «Lo hago por mí y mis lesiones, pero sobre todo por aquellos que ya no están entre nosotros», declaró.
