La candidata a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Irene Montero, ha presentado la escenografía de su campaña política apelando de forma directa al electorado progresista para combatir las inercias de resignación y el denominado «voto útil». Bajo un gran mural donde el nombre corporativo de la formación ha dejado paso a la marca personal «Irene» repetida en múltiples ocasiones junto al lema «Paz, casa y trabajo», la exministra ha defendido la necesidad de votar según las convicciones personales frente a la presión de los sondeos y el llamado al pragmatismo de las grandes fuerzas tradicionales.
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La estrategia de Podemos para asegurar su supervivencia en el Congreso de los Diputados descansa de forma prioritaria en el liderazgo de Montero, así como en las sinergias electorales y actos conjuntos pactados con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Frente a los pronósticos demoscópicos que auguran un escenario complejo de representación en las urnas, la cabeza de lista morada ha centrado su discurso en cuestionar el argumento socialista que solicita concentrar la papeleta de la izquierda alrededor del PSOE o de la plataforma del Frente Amplio.
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Impugnación de la resignación electoral y críticas a Pedro Sánchez
Durante la puesta de largo de la candidatura, Montero ha arremetido contra los discursos que reclaman el voto pragmático para frenar la hipótesis de un ejecutivo de coalición entre PP y Vox, acusando a los proponentes de este planteamiento de falta de ambición transformadora. La dirigente progresista ha asegurado que el problema no radica en el deseo de los ciudadanos de propiciar cambios estructurales, sino en las organizaciones políticas que demandan la confianza popular para mantener las inercias institucionales sin abordar las reformas de fondo.
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En su intervención, la candidata ha dirigido sus reproches hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticando que desde las filas socialistas se apele a la utilidad del voto tras una legislatura en la que, a su juicio, no se ha actuado con la contundencia necesaria para resolver las tensiones socioeconómicas. Montero ha reafirmado que una presencia nutrida de escaños de su formación servirá como garantía para imponer el cumplimiento de medidas estructurales en el Parlamento.
Propuestas económicas: vivienda, supermercado público y SMI a 1.800 euros
En el ámbito programático, la plataforma que encabeza Montero sitúa el combate contra la brecha de la desigualdad social y el encarecimiento del coste de la vida como ejes rectores del periodo electoral. Entre las iniciativas destacadas, la formación defiende la intervención del mercado inmobiliario para bajar los precios del alquiler, la creación de una red de supermercados públicos para topar la cesta básica de la compra y la aplicación de un incremento generalizado en la presión fiscal a los grandes patrimonios e hiperbeneficios empresariales.
De forma complementaria, la candidata ha situado en el centro del debate laboral la propuesta de fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por ley en 1.800 euros al mes. Esta cifra pretende marcar distancias directas respecto al borrador de revalorización de 1.286 euros planteado por la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, al tiempo que aboga por suspender el gasto militar defensivo e inclinar los recursos públicos hacia el blindaje del bienestar social.
