El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha puesto en duda el momento elegido por la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para registrar de nuevo la vivienda en Valencia del exministro José Luis Ábalos. En unas declaraciones vertidas en La 1, el dirigente socialista ha insinuado motivaciones extrajudiciales tras la operación desarrollada en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, cuestionando la oportunidad de ejecutar la entrada en el domicilio año y medio después de los primeros registros vinculados al ‘caso Koldo’.
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López ha vinculado la intervención policial con los recientes movimientos de contención política ejecutados por su formación, señalando que los avances judiciales parecen coincidir de forma sistemática con los momentos de recuperación del partido. «Qué casualidad que siempre que el PSOE saca cabeza o hace un gesto como la dimisión de Óscar Puente, aparezca alguien que quiere hundir otra vez al PSOE», ha argumentado el político vasco, precisando que se trataba de una reflexión personal antes de sentenciar: «Yo no creo en las meigas, pero haberlas, haylas».
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Perplejidad en las filas socialistas por el momento de la operación
Las valoraciones del portavoz parlamentario se producen tras el arresto de seis personas en una nueva pieza secreta instruida por el juez Ismael Moreno centrada en presuntos amaños de contratos de obra pública en Adif. Entre los detenidos en el operativo figuran Andrea de la Torre, pareja actual del exministro, y el empresario Cristian Corvillo, quien ejerciera como chófer del presidente Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017.
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Desde la dirección del Grupo Socialista han expresado su perplejidad ante la repetición de las inspecciones sobre el inmueble valenciano de Ábalos, sosteniendo que la Guardia Civil ya incautó en las actuaciones precedentes todo el material probatorio relevante. López ha reiterado su incomprensión ante la reiteración de las diligencias sobre una vivienda registrada minuciosamente en las etapas iniciales de la causa penal.
La judicialización de la precampaña del 29-N
Las duras sospechas vertidas por el portavoz parlamentario reflejan el malestar en el seno del Ejecutivo en funciones por el impacto que la reapertura de registros de la UCO tiene sobre la estrategia electoral socialista. El arresto del antiguo entorno del Ministerio de Transportes irrumpe en un tablero político ya tensionado por la dimisión del ministro Óscar Puente y las consecuencias de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda.
La reacción de la cúpula socialista trata de neutralizar la desgastante factura electoral del caso, sugiriendo un uso partidista de los tiempos judiciales por parte de instancias de la instrucción a escasas tres semanas de que los ciudadanos acudan a las urnas.
