El Gobierno solicita al Alto Tribunal que no suspenda cautelarmente el proceso, argumentando que los inmigrantes ya utilizan los servicios públicos y que su regularización aportará beneficios económicos a través de las cotizaciones sociales.
MADRID – La batalla judicial por la regularización extraordinaria de inmigrantes llega esta semana a un punto de inflexión. La Abogacía del Estado ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo que rechace las peticiones de suspensión cautelar presentadas por diversas administraciones y entidades, advirtiendo que paralizar la norma ahora «dañaría gravemente el interés general».
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Vistas clave frente a Madrid y Vox
Este miércoles, el Tribunal Supremo celebrará cinco vistas cruciales para estudiar las medidas cautelares solicitadas por los detractores del Real Decreto. Entre los recurrentes se encuentran:
- El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.
- El partido político Vox.
- Entidades como Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica.
Otras comunidades autónomas, como Aragón y Castilla y León, también han anunciado recursos, aunque no forman parte de las vistas inmediatas de esta semana.
El argumento económico: De «usuarios» a «cotizantes»
En su escrito de oposición, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, la Abogacía del Estado rebate uno de los principales argumentos de los recurrentes: el supuesto colapso de los servicios públicos.
El Gobierno sostiene que otorgar la residencia no genera un impacto nuevo en la sanidad o la educación, puesto que los destinatarios de la medida «ya son usuarios de tales servicios» en la actualidad. Por el contrario, la Abogacía subraya que la regularización permitirá:
- Integración social efectiva: Al garantizar el pleno ejercicio de derechos.
- Beneficio económico: El acceso legal al mercado de trabajo supondrá un incremento de las cotizaciones sociales, transformando a ciudadanos que ya residen en España en contribuyentes activos.
Sanidad garantizada por ley
Respecto a la presión sanitaria, el escrito recuerda que la normativa vigente en España ya garantiza la atención médica con independencia del estatus legal de la persona. Por tanto, el Real Decreto no altera la carga asistencial, sino que simplemente regulariza la situación administrativa de quienes ya reciben dicha atención.
La urgencia del calendario
La Abogacía del Estado ha alertado al Supremo sobre el factor temporal. El plazo para presentar las solicitudes de regularización finaliza el 30 de junio. Si el tribunal decidiera suspender la norma cautelarmente, dejaría sin efecto útil la medida para miles de potenciales solicitantes, privándoles de la oportunidad de normalizar su situación antes de que expire el decreto.
El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si prevalece el principio de precaución solicitado por la Comunidad de Madrid o si, por el contrario, permite que el proceso continúe por su valor para la integración y la economía nacional.
