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La investigación judicial sobre la entrada masiva acontecida en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, liderada por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, ha tomado un rumbo tan insólito como polémico. Entre las acusaciones populares admitidas en la causa se encuentra la asociación Zeolandia, un organismo cuya página web oficial atribuye la cúpula directiva a cinco mascotas: cuatro perros y un gato.
Bajo el lema “Defensa con colmillo”, la entidad sostiene que «quien manda aquí tiene cuatro patas». En su organigrama figuran el perro Chispito como presidente, Chocolatina en la vicepresidencia, Ladri a cargo de la tesorería, Bimbi en la secretaría y la felina Oruga como vocal. Detrás del particular marco corporativo operan los letrados Inmaculada Jaén y Alexis Aneas, este último asesor jurídico del colectivo y fundador del partido Iustitia Europa, formación que también ejerce como acusación popular impulsora de las primeras denuncias.
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Apertura del abanico judicial y contraofensiva en el Supremo
La jueza Tardón ha optado por estimar la personación de las diversas organizaciones y fuerzas políticas que lo solicitaron para intervenir en las diligencias del caso —calificado por la propia magistrada como un «ataque a la integridad territorial de España»—. La única excepción ha sido la formación Se Acabó la Fiesta, liderada por Alvise Pérez, cuya solicitud fue rechazada por atribuir delitos de lesa humanidad al monarca marroquí sin aportar sustento ni justificación probatoria.
El frente judicial de Zeolandia no se limita a la Audiencia Nacional. La entidad ha emprendido de forma paralela un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de una «omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas» e imputa el ocultamiento de información sobre el flujo de más de 72.000 personas hacia la ciudad autónoma. El alto tribunal ha otorgado un plazo de cinco días al Ministerio de la Presidencia para remitir el expediente administrativo completo bajo el procedimiento de protección de derechos fundamentales.
