La familia Pujol ha solicitado la anulación del juicio que afronta por presuntos delitos fiscales y de corrupción alegando que parte de las pruebas del caso se obtuvieron mediante “maniobras ilícitas” en el marco de la conocida Operación Cataluña.
Según la defensa, las autoridades españolas habrían impulsado acciones irregulares para conseguir información bancaria en Andorra sin los cauces legales pertinentes. Entre estas supuestas actuaciones, los abogados señalan la presión a entidades financieras del Principado y la utilización de datos conseguidos fuera de los procedimientos judiciales oficiales.
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Además, el equipo jurídico pone en cuestión la declaración de Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, cuyo testimonio fue clave en el origen de la causa. Sostienen que su colaboración estuvo condicionada por intereses policiales y políticos, lo que, a su juicio, invalida su aportación.
La Audiencia Nacional deberá ahora estudiar la petición y valorar si las alegaciones presentadas tienen entidad suficiente para alterar el curso del proceso. Mientras tanto, el caso Pujol sigue siendo uno de los episodios más controvertidos vinculados a la presunta corrupción en Cataluña.
