La Junta de Fiscales de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha mostrado este martes su apoyo mayoritario a la reapertura del ‘caso Miguel Ángel Blanco’, en contra de la decisión de la Audiencia Nacional de archivarlo por prescripción de los hechos. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.
Según fuentes fiscales consultadas, trece fiscales se han manifestado a favor de respaldar los recursos de casación presentados por el Partido Popular y la asociación Dignidad y Justicia, mientras que solo tres han votado en contra. La mayoría, alineada con la ponencia del fiscal Álvaro Redondo, ha argumentado que la Audiencia Nacional se excedió en sus competencias al declarar prescritos los hechos y que su decisión es nula de pleno derecho.
Pese a este resultado, los dos jefes de la Sección Penal del Supremo, Fernando Prieto y Fidel Cadena, han mostrado posturas discrepantes, lo que ha llevado la resolución del caso a Sánchez Conde, quien tendrá la última palabra.
El caso fue archivado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en dos autos relacionados con los exjefes de ETA María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’; Miguel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’; e Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’. El tribunal consideró que los delitos habían prescrito, ya que habían transcurrido más de 20 años desde los hechos hasta la presentación de las querellas.
Las defensas de los acusados sostuvieron desde el inicio que los delitos habían prescrito, una posición que inicialmente fue rechazada en distintas instancias. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional terminó dándoles la razón en 2024, con la excepción del caso de ‘Kantauri’, quien ya había sido procesado en 2016.
El Partido Popular y la asociación Dignidad y Justicia recurrieron ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la causa para los tres exjefes de ETA, argumentando su implicación en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua en 1997. Ahora, la Fiscalía del Supremo debe decidir si se suma a estos recursos.
El debate sobre la prescripción de los hechos ya había generado tensión dentro del Ministerio Público en la Audiencia Nacional. En ese momento, el fiscal Vicente González Mota defendió que los delitos no estaban prescritos, pero al no contar con el respaldo mayoritario, renunció al caso. Finalmente, la Fiscalía terminó apoyando los recursos de apelación en la Audiencia Nacional.
Algunas fuentes dan por hecho que Sánchez Conde podría seguir la línea marcada por la Audiencia Nacional y rechazar la reapertura del caso, como ya ocurrió en la investigación contra Carles Puigdemont en el caso ‘Tsunami Democràtic’, que fue archivado por problemas procesales. Sin embargo, la decisión aún está en el aire y podría tener un impacto significativo en la lucha contra la impunidad de los crímenes de ETA.
