MADRID — La Fiscalía y el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investigan una serie de contrataciones bajo sospecha suscritas en Correos durante la gestión de Juan Manuel Serrano —amigo personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— y firmadas por la entonces directiva Leire Díez. Según revela en exclusiva La Razón, la compañía postal convalidó sobrecostes y gastos por valor de casi 800.000 euros destinados a obras de climatización y servicios en centros de trabajo, adjudicados a través de una empresa intermediaria vinculada a un socio del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.
Las irregularidades afectan a intervenciones realizadas en instalaciones de Correos en Huelva, Málaga, Córdoba, Algeciras y Murcia. Según la investigación, estas adjudicaciones se realizaron omitiendo las instrucciones internas de contratación pública y sin seguir los cauces y procedimientos reglamentarios establecidos.
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Sobrecostes del 300% e intermediación bajo sospecha
El expediente remitido por el Comité de Cumplimiento de Correos al juzgado detalla un drástico desvío entre los presupuestos inicialmente aprobados y los importes finales abonados por la entidad pública:
- Desviaciones millonarias: En tres de los lotes investigados, la adjudicación inicial fijada en 122.389 euros acabó derivando en pagos convalidados de 479.192 euros, casi cuatro veces más del montante original. En el caso del centro de Málaga, la inversión final superó en cerca de un 90% la estimación máxima de licitación.
- Red de intermediarios: Las obras y servicios se encauzaron a través de la firma Trade Intermedia, mercantil relacionada con un socio de Vicente Fernández en la sociedad Goloso 25. Este mismo socio figura además como administrador de otra compañía (Gabasa Consulting) contratada por Correos para la comercialización de productos en sus oficinas.
Presiones internas para rebajar la exigencia de control
Las indagaciones internas reflejan un fuerte choque dentro de la cúpula de Correos motivado por estas adjudicaciones. El informe del Canal Ético pone de manifiesto serias discrepancias entre el arquitecto responsable de la supervisión técnica y el Subdirector de Mantenimiento debido a las deficiencias y la baja calidad de las obras ejecutadas.
Según la documentación, Leire Díez intervino de forma directa en favor del adjudicatario, llegando a trasladar órdenes para que la subdirección de Activos e Instalaciones «aflojara» con los requerimientos y exigencias técnicas sobre los trabajos prestados. La investigación abierta por la Audiencia Nacional analiza si estos hechos constituyen delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
