La jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha citado al empresario a declarar como investigado el próximo 7 de febrero. González Amador está acusado de dos presuntos fraudes fiscales y falsificación de documentos. Ese mismo día, a las 10:00 de la mañana, comparecerán también otros investigados vinculados a los supuestos delitos.
La declaración, inicialmente prevista para el 29 de noviembre, fue suspendida a petición de la defensa del empresario. La solicitud se produjo después de que la magistrada decidiera abrir una pieza separada para investigar posibles nuevos delitos: corrupción en los negocios y administración desleal.
Un acuerdo en el aire
En la comparecencia anterior, se esperaba alcanzar un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía que incluiría una multa de medio millón de euros y una condena de ocho meses de prisión, en virtud de dos delitos de fraude fiscal en concurso con uno de falsificación de documentos. Sin embargo, dicho acuerdo quedó en suspenso debido a la ampliación de la investigación.
Fuentes fiscales aseguran que la apertura de esta pieza separada no impide que se alcance un pacto en la causa principal, siempre que se mantengan los términos iniciales. La pena, al ser inferior a dos años, evitaría la entrada en prisión del empresario.
Recursos y plazos
La acusación popular, liderada por PSOE y Más Madrid, recurrió la decisión de posponer la declaración. La Fiscalía se adhirió al recurso el pasado 10 de diciembre, instando a que González Amador comparezca lo antes posible.
La jueza recordó que el plazo de instrucción vence en marzo, cuando se cumplirá un año desde el inicio de las investigaciones. Antes de esa fecha, debería cerrarse cualquier acuerdo de conformidad entre las partes.
Una investigación con implicaciones políticas
Aunque Isabel Díaz Ayuso no está vinculada a la investigación, el caso ha despertado interés por la relación del investigado con la presidenta madrileña. Desde el entorno de Ayuso han evitado pronunciarse, subrayando que la causa es de carácter personal y no tiene relación con su gestión política.
El 7 de febrero será clave para esclarecer los posibles delitos y determinar si se llega a un acuerdo que cierre una de las piezas principales de este complejo caso judicial.
