La Fiscalía francesa ha dado un paso significativo al solicitar una condena de cinco años de cárcel para Marine Le Pen, líder del partido Agrupación Nacional. La acusación se centra en el presunto uso irregular de fondos de la Eurocámara para pagar a asistentes parlamentarios, lo que constituye una grave infracción según las leyes francesas.
Este miércoles, la justicia también ha propuesto una pena de inhabilitación política para Le Pen, lo que podría impedirle participar en las elecciones presidenciales de 2027. Aunque las penas exactas aún no han sido fijadas, la Fiscalía ha dejado claro que buscará la ejecución provisional de las mismas, aplicándolas desde el momento de la condena, incluso si se presentan apelaciones.
El fiscal explicó que, de ser aplicada, esta medida prohibiría a los acusados presentarse a futuras elecciones locales o nacionales. Esto representa un golpe significativo para Le Pen, quien ha sido candidata presidencial en tres ocasiones.
El caso está siendo llevado por los fiscales Louise Neyton y Nicolas Barret, quienes han acusado a Le Pen de malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo y complicidad en dicho delito. Han solicitado una pena de cinco años de cárcel, de los cuales dos serían de prisión firme, además de una multa de 300.000 euros y cinco años de inhabilitación.
Tras la audiencia, Marine Le Pen calificó las peticiones de la Fiscalía como «violentas» e «indignas», argumentando que el objetivo es privar a los franceses de su derecho a elegir libremente a sus representantes políticos y dañar su partido.
El proceso judicial comenzó el 30 de septiembre ante el Tribunal Correccional de París y ha captado la atención tanto de los medios nacionales como internacionales. La acusación sostiene que los fondos destinados a los asistentes parlamentarios fueron utilizados para actividades partidistas, lo que constituye una violación de las normas de financiación de la Unión Europea.
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La defensa de Le Pen argumenta que las acusaciones son infundadas y que forman parte de un intento por desestabilizar su carrera política. Sin embargo, el tribunal deberá evaluar las pruebas presentadas por ambas partes antes de emitir un veredicto final.
Este caso no solo afecta a Marine Le Pen, sino también a otros 22 acusados, para quienes la Fiscalía ha solicitado penas de inhabilitación moduladas según sus responsabilidades individuales. La resolución de este juicio podría tener implicaciones significativas para el panorama político francés, especialmente en un momento en que la extrema derecha busca consolidar su posición en el país.
