La Ley Contra la Violencia de Género cumple hoy 15 años rodeada de un clima político donde los discursos negacionistas de la violencia contra las mujeres campan a sus anchas entre la sociedad y donde las mujeres siguen siendo asesinadas por sus parejas o exparejas. Analizamos los hitos logrados y los retos a los que se enfrenta
Aprobada el 28 de diciembre de 2004 por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero supuso un antes y un después en la lucha contra esta lacra, recogía las demandas feministas para visibilizar y pasar a la agenda política los asesinatos de mujeres.
La ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue aprobada por unanimidad por el Gobierno de Zapatero, El País lo relataba así:
«Los aplausos estallan antes de que se anuncie el resultado. En el panel luminoso se leen 320 síes y 320 votos emitidos. Las casillas del no y de la abstención están apagadas. Una explosión de júbilo y otra de alivio recorren los escaños del PSOE, con sus diputados en pie. El proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género queda aprobado por unanimidad, tal como anunciará instantes después el presidente del Congreso, Manuel Marín»
Se trataba de una ley integral que abordaba la violencia en el ámbito de la pareja desde la prevención, la educación, la sensibilización, la tipificación de los delitos penales o la creación de juzgados especializados y unidades forenses.
Además ha sido la ley que se ha enfrentado al mayor número de recursos de inconstitucionalidad, «todas ellas superadas, al entender el Tribunal Constitucional que la violencia que surge en el ámbito de la pareja afecta mayoritaria y abrumadoramente a las mujeres» tal y como explica Efeminista.
Principales hitos logrados por la ley
La Ley integral contra la violencia de género, supuso un cambio de paradigma político, social y judicial para afrontar la realidad de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Entre sus principales hitos se encuentran:
1º El haber sacado del ámbito doméstico el problema de la violencia contra las mujeres. El machismo saltó a la agenda política, y por tanto pública, además se cambió y ajustó el ordenamiento jurídico a la violencia de género, considerándolo un problema estructural.
2º Tras su entrada en vigor, hubo un incremento exponencial del número de denuncias y de los mecanismos de respuesta ante ellas. Se crearon Juzgados especializados en violencia sobre la mujer, la primera Fiscalía especializada en violencia sobre la mujer y la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género, para el impulso de las políticas públicas en la materia.
3º Se crearon herramientas jurídicas, informáticas, judiciales, profesionales al servicio de las víctimas, sin precedentes, entre las que hay que destacar: el servicio de información y asesoramiento 016, que a su vez deriva llamadas a los servicios competentes de las Comunidades Autónomas (CC.AA); dispositivos telefónicos para la atención inmediata y a distancia a las víctimas en conexión con un Centro de atención; el seguimiento por medios telemáticos con cumplimiento de medidas cautelares y penas; el título habilitante para acceder a los derechos regulados en la Ley; recursos económicos, sociales, asistenciales, ambulatorios; y servicios de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializados.
4º La ley integral convirtió a España en un referente mundial en la conquista de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. El desarrollo del sistema institucional español propiciado por la Ley integral ha sido observado por numerosos países y es considerada por ONU Mujeres una de las normas más eficaces para combatir y erradicar la violencia machista.
5º Destaca el carácter integral y transversal de la ley, así como las leyes específicas desarrolladas por las Comunidades Autónomas y el profundo impacto en la administración local que, gracias al Real Decreto-Ley 9/2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, ha recuperado competencias en la materia.
Retos de la Ley contra la Violencia de Género
Nuria Varela, la que fuese jefa de gabinete de la ministra de Igualdad, Bibiana Aido, en una entrevista a El Salto Diario explicaba que «las leyes por sí mismas no cambian la realidad. En España hay una profunda brecha entre la igualdad formal y la igualdad real. Yo creo que tenemos un cuerpo legislativo bastante bueno, mejorable por supuesto, pero que fue pionero, que fue importante, que sirvió como modelo para leyes que después han mejorado la nuestra. Ha sido un punto de partida, y sin las leyes, es igual que en las instituciones. Si no tenemos leyes es muy difícil producir avances, pero las leyes en sí mismas no cambian la realidad.»
En este sentido, la ley se enfrenta a varios retos, entre el más importante se e encuentra el recoger todo tipo de violencias contra las mujeres, y no únicamente la que es perpetuada por las parejas o exparejas de las mismas. Además de abordar la tipificación de los delitos sexuales y adecuar el ordenamiento jurídico al Convenio de Estambul. Otro de los retos más importantes es la necesidad de aumentar el presupuesto.
En este sentido, la socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Lucía Avilés, en declaraciones a EFE ha señalado que esta ley “es eficaz, además países de nuestro entorno la están utilizando como espejo: Francia, los países latinoamericanos. Es una legislación avanzada, muy novedosa, vanguardista, pero lógicamente después de 15 años tiene que adaptarse y retocarse«.
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Avilés, en declaraciones a Europapress, ha señalado que tienen que aumentar los recursos, las Unidades de Valoración Forense y la «uniformidad» en la protección de las víctimas, así como en los recursos y medios de todos los juzgados con competencias en la materia. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángeles Jaime de Pablo, apunta que en el ámbito educativo se ha producido un «fracaso», donde hay «deficiencias en la prevención».
Evaluaciones de la Ley contra la Violencia de Género
Este sistema de protección se someterá próximamente a dos evaluaciones en el ámbito internacional. Será responsabilidad del Gobierno de España, según ha señalado la vicepresidenta, acudir a ambas citas «con los deberes hechos».
En primer lugar, se ha comenzado el proceso para suministrar a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el IX informe periódico de España sobre cumplimiento de este convenio. Además, está previsto que, en el marco del Consejo de Europa, el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO), realice sus recomendaciones a España en el mes de marzo del próximo año después de la evaluación realizada por el GREVIO del periodo 2016-2017, recogida en el informe elaborado por el gobierno de España en 2018 y de la visita del GREVIO a España en el mes de septiembre de 2019.
Calvo considera imprescindible elevar el compromiso político de la Unión Europea y de los Estados miembros en la erradicación de la violencia de género, y para ello es necesario, en primer lugar, homogeneizar conceptos, metodologías estadísticas e indicadores, para proveer a Eurostat de datos exactos y comparables y poder desarrollar políticas efectivas y campañas de sensibilización y prevención. La falta de armonización estadística en los países de la UE sobre las víctimas mortales por violencia machista no permite conocer el número exacto de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la UE.
En segundo lugar, ha apuntado la vicepresidenta, «hay que avanzar en la consecución de la ratificación por todos los Estados Miembros, así como por la UE, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica«. Y de cara a la legislatura europea 2019-2021, Carmen Calvo espera que se cumpla con el compromiso político asumido de elaborar una estrategia integral de la UE para prevenir y combatir la violencia de género, incluyendo un acto legislativo que aborde el acoso en línea y la violencia cibernética.
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