Una sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar las denominadas devoluciones en caliente a quienes son interceptados en el mar cuando intentan llegar a nado a Ceuta o Melilla ha quedado en el centro del debate sobre la entrada masiva registrada en la ciudad autónoma. El Gobierno y fuentes de la Guardia Civil sostienen que redes criminales difundieron el contenido del fallo para alentar los cruces, aunque la relación directa entre la resolución judicial y la movilización de miles de personas no ha sido demostrada.
El fallo fue dado a conocer el pasado 8 de julio de 2026. La Sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que el régimen especial de rechazo en frontera previsto para Ceuta y Melilla no puede aplicarse automáticamente a las personas interceptadas en el mar mientras intentan llegar a nado.
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La resolución no legaliza las entradas irregulares ni impide que una persona pueda ser devuelta mediante los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería. Lo que establece es que la devolución inmediata, sin expediente individual, solo puede aplicarse cuando el migrante intenta superar elementos materiales de contención fronteriza, como las vallas. El mar, las cámaras, los drones y otros sistemas de vigilancia no cumplen por sí mismos esa función física de contención.
El caso se originó después de que un ciudadano argelino fuera interceptado en alta mar el 14 de noviembre de 2024, cuando intentaba alcanzar Ceuta a nado junto con otras dos personas. El migrante fue entregado a Marruecos sin que se iniciara un procedimiento formal, sin asistencia letrada y sin que pudiera solicitar protección internacional.
El Supremo confirmó que esa actuación no podía ampararse en la disposición especial de la Ley de Extranjería para las fronteras de Ceuta y Melilla. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que el Estado instale elementos físicos de contención marítima, en cuyo caso el rechazo inmediato podría aplicarse a quienes intentaran superarlos.
Semanas después de la sentencia, miles de personas procedentes de Marruecos accedieron a Ceuta por tierra y por mar. Algunos grupos bordearon el espigón del Tarajal, otros llegaron a nado o utilizando flotadores y varios centenares atravesaron puertas y zonas del perímetro terrestre.
Televisión Española situó entre 2.000 y 3.000 el número de personas que habrían entrado durante la jornada del jueves 30 de julio, aunque esa estimación todavía no había sido confirmada oficialmente por el Ministerio del Interior. Antes de la llegada masiva, las autoridades ceutíes calculaban que entre 1.500 y 2.000 migrantes habían accedido a la ciudad durante los diez días anteriores.
Fuentes de la Guardia Civil señalaron que las entradas habían aumentado progresivamente desde la publicación de la sentencia. Un portavoz del cuerpo explicó a Reuters que, tras varios días de llegadas continuadas, la situación terminó convirtiéndose en una “explosión” el jueves.
El Gobierno atribuye este supuesto efecto llamada a la utilización interesada del fallo por parte de mafias y organizaciones criminales. Según esta versión, el contenido de la resolución se habría difundido en redes sociales como si quienes llegaran por mar no pudieran ser devueltos a Marruecos.
Sin embargo, esa interpretación no ha sido confirmada de forma independiente. Activistas marroquíes consultados por Associated Press expresaron dudas sobre que la mayoría de las personas movilizadas conociera una sentencia española de carácter técnico. Tampoco se ha determinado que el fallo sea la única causa de las llegadas, en las que pueden influir los rumores sobre una supuesta apertura de la frontera, las redes de tráfico y la actuación de las autoridades marroquíes.
Ante el desbordamiento de los recursos disponibles, el Gobierno ordenó el despliegue de 60 militares y 200 agentes especializados procedentes de la península. Las unidades del Ejército tienen como misión apoyar a la Guardia Civil y reforzar la seguridad, pero no sustituyen al instituto armado en el control de la frontera.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó que la situación fuera tratada como una emergencia nacional y pidió un mando único para coordinar la respuesta. Interior rechazó esa declaración al señalar que la normativa estatal de protección civil no contempla los flujos migratorios entre los riesgos que permiten activar ese mecanismo.
El balance provisional de la jornada se elevó a 18 personas fallecidas mientras intentaban entrar en Ceuta, principalmente por mar. Las autoridades continúan trabajando en la identificación de los cuerpos y no han ofrecido todavía una cifra definitiva de entradas, desaparecidos o rescates.
Las autoridades españolas sostienen que Marruecos mantiene una cooperación “leal y permanente”. Ambos países han acordado revisar los procedimientos para devolver lo antes posible a las personas que entraron irregularmente, siempre dentro del marco legal y respetando las garantías aplicables a menores, solicitantes de asilo y otros colectivos vulnerables.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto desplazarse este viernes 31 de julio a Ceuta junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos visitarán la zona del Tarajal y mantendrán reuniones con responsables de las fuerzas de seguridad y autoridades locales para evaluar la crisis.
La sentencia del Supremo ha abierto un debate sobre los instrumentos legales disponibles para controlar los accesos marítimos a Ceuta y Melilla. No obstante, presentar el fallo como la causa probada de la llegada masiva va más allá de lo confirmado hasta ahora: esa vinculación procede de fuentes gubernamentales y policiales, mientras la investigación sobre el origen de la movilización continúa abierta.
