Documentos revelan préstamos sospechosos de blanqueo vinculados a altos cargos venezolanos, autorizados con conocimiento del Estado.
El brazo empresarial del Estado encargado de rescatar empresas estratégicas durante la pandemia, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), autorizó y conoció los pagos de Plus Ultra en Gibraltar y Suiza con fondos públicos destinados a su rescate. La Fiscalía Anticorrupción considera que estos préstamos podrían ser delictivos, al estar relacionados con operaciones de blanqueo de altos cargos venezolanos.
Según la documentación, Plus Ultra notificó a la Sepi sobre préstamos por 1,3 millones de euros suscritos entre 2020 y 2021 con sociedades del empresario holandés Simon Leendert Verhoeven, investigado por las fiscalías suiza y francesa como presunto cabecilla de una trama de lavado de dinero vinculada a Venezuela. Los contratos incluían pagos a través de la sociedad Valerian Corporation Limited, domiciliada en Gibraltar, por 450.000 euros, con intereses del 9% y comisiones del 2%, condicionados a la recepción del rescate público.
El actual presidente de Plus Ultra y principal accionista español en aquel momento, Julio Martínez Sola, justificó estos préstamos ante la demora de la Sepi en tramitar la ayuda, mientras que la Sepi se reservó oficialmente el derecho a no comentar estos préstamos alegando confidencialidad.
Te interesa
El rescate finalmente aprobado por el Gobierno en marzo de 2021 ascendió a 53 millones de euros y se utilizó, entre otros fines, para liquidar los préstamos investigados, incluido uno de Panacorp, banco panameño vinculado a los accionistas venezolanos de la aerolínea.
Desde Plus Ultra insisten en que estos préstamos fueron transparentes y comunicados al Estado, y que Martínez Sola no conocía personalmente a Verhoeven, sino que fue puesto en contacto por Rodolfo Reyes, entonces principal accionista venezolano de la compañía.
La operación pone en evidencia un posible uso irregular de fondos públicos y plantea serias preguntas sobre el control de los rescates de empresas estratégicas durante la pandemia, en un momento en que el Gobierno ha intensificado su discurso contra la evasión y el blanqueo de capitales.
