La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el presunto fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos sigue estrechando el cerco sobre el entramado societario vinculado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. En el centro de la última novedad se encuentra Javier Sequi, señalado por los agentes como uno de los once supuestos testaferros que habrían servido de apoyo a la red para ocultar operaciones y dificultar el rastreo de fondos.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón Pedraz ha aceptado citar a Sequi, que ha pedido declarar de manera voluntaria tras conocerse nuevos indicios en su contra. Según los informes de la UCO, este colaborador figura tras una mercantil que transfirió varios millones de euros a una empresa radicada en Portugal y administrada directamente por Víctor de Aldama.
Sequi ya había sido detenido en Tarragona el 10 de octubre de 2024 junto a otros miembros de la presunta organización, aunque entonces optó por guardar silencio. La UCO sostiene ahora que su papel habría sido clave para articular maniobras destinadas a ocultar movimientos societarios vinculados al presunto fraude en el comercio de hidrocarburos, una operativa que, según los investigadores, buscaba evadir impuestos mediante un complejo entramado de empresas interpuestas.
Los informes sitúan a Aldama y Rivas en lo alto de la estructura investigada, actuando como responsables de la estrategia fiscal presuntamente delictiva y del uso de intermediarios para dar apariencia legal a las operaciones. El empresario Víctor de Aldama —conocido también por su papel como comisionista en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia— volvió este lunes al Tribunal Supremo para declarar como investigado ante el juez Leopoldo Puente.
La causa avanza con nuevas declaraciones y rastreos de movimientos financieros que, según fuentes jurídicas, podrían ampliar el número de personas imputadas en las próximas semanas.
