La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado su investigación sobre la llamada «trama del fuel», acudiendo a Correos, Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica en busca de documentación clave. Según el informe policial, la organización criminal formada por empresarios vinculados a Villafuel habría destinado un millón de euros para garantizar la concesión de la licencia de operador mayorista de hidrocarburos.
La mayor parte de los fondos, 585.000 euros, se utilizó para el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) disfrutado por el exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional por el caso. Otra parte, 292.416 euros, fue abonada a Víctor de Aldama por su intermediación, mientras que Koldo García, mano derecha de Ábalos, percibió pagos mediante un contrato de trabajo con una empresa vinculada a uno de los empresarios de la trama, sin que conste prestación efectiva de servicios.
La investigación revela que la trama habría mantenido reuniones y contactos con responsables de los ministerios dirigidos entonces por Reyes Maroto y Teresa Ribera, con el fin de facilitar la aprobación de la licencia pese a la falta de solvencia económica acreditada por Villafuel. Entre estas gestiones destacan encuentros en diciembre de 2020 y enero de 2021 con Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de Maroto, así como reuniones en abril y julio de 2021 con Marc Pons, director de gabinete de Ribera.
Los investigadores subrayan que, aunque algunos de los ministerios implicados no tenían competencias directas para la autorización de operadores mayoristas, la trama presionó para acelerar los trámites mediante intermediarios y pagos irregulares.
La UCO continúa recabando pruebas para determinar la extensión de la red y la implicación de altos cargos en la concesión de licencias de hidrocarburos.
