El comisionista comparece ante la Audiencia Nacional mientras Koldo García se niega a declarar alegando que los contratos ya se juzgaron en el Tribunal Supremo.
MADRID.– El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, toma declaración este jueves en calidad de investigado al empresario y comisionista Víctor de Aldama. La comparecencia, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, se enmarca en las piezas separadas que investigan las adjudicaciones públicas de mascarillas y pruebas PCR suscritas en 2020 por los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares en lo más duro de la pandemia del COVID-19.
Esta citación llega tras los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los investigadores señalan que estos contratos en las islas constituían el núcleo del presunto esquema de comisiones, sirviendo en parte como la vía de financiación para abonar un pago mensual en metálico de 10.000 euros que Aldama presuntamente entregaba a Koldo García a cambio de mantener su capacidad de influencia y el acceso directo al Ministerio de Transportes.
Koldo García cierra la boca ante el magistrado
A diferencia de Aldama, el exasesor ministerial Koldo García, que estaba llamado a comparecer en las mismas fechas dentro de esta causa, optó formalmente por acogerse a su derecho a no declarar. La estrategia de su defensa penal se fundamenta en un principio de duplicidad de condena (non bis in idem).
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La abogada de García solicitó formalmente la suspensión de su interrogatorio y el archivo de las actuaciones, argumentando que estos contratos de material sanitario en Canarias y Baleares ya formaron parte del juicio principal del caso celebrado recientemente en el Tribunal Supremo, donde también resultaron procesados Aldama y el exministro José Luis Ábalos. El juez Moreno desestimó en primera instancia el sobreseimiento, por lo que la defensa ha recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Koldo García ya ha comunicado que no hablará hasta que dicha instancia resuelva si el asunto se considera formalmente «cosa juzgada».
La sombra sobre las presidencias de Torres y Armengol
El foco de la Audiencia Nacional se centra ahora en esclarecer el rol exacto que jugaron los ejecutivos autonómicos de la época, entonces presididos por el actual ministro Ángel Víctor Torres (Canarias) y la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol (Baleares).
La comparecencia de Aldama genera una alta expectación debido a los antecedentes de sus declaraciones y las advertencias lanzadas por su entorno legal:
- La acusación a Torres: En anteriores comparecencias judiciales el pasado noviembre, Aldama apuntó directamente hacia Ángel Víctor Torres, afirmando ante el juez que el expresidente canario colaboró con la trama buscando asegurarse una futura «cartera ministerial».
- La cena de Madrid: La Guardia Civil sitúa en sus informes un encuentro clave datado el 15 de julio de 2020 en un restaurante de Madrid. A dicha cena asistieron el propio Aldama, José Luis Ábalos, Koldo García y Ángel Víctor Torres. Según los indicios de la UCO, en esa cita Koldo intercedió de forma directa para favorecer los negocios de Aldama. Además, el comisionista aseguró que Torres mostró un presunto interés en que los envíos de material sanitario se gestionaran a través de la aerolínea Plus Ultra en lugar de Air Europa.
- La advertencia del abogado: La tensión sobre estas ramificaciones autonómicas ya fue adelantada por el propio letrado de Aldama, José Antonio Choclán, quien durante el cierre del juicio en el Tribunal Supremo lanzó una advertencia recogida de forma literal en las actas de la causa: «Próximamente en la causa especial se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol».
Situación de la trama: Mientras el Tribunal Supremo ya ha dejado visto para sentencia el bloque principal que afectaba al exministro Ábalos por su condición previa de aforado, la Audiencia Nacional continúa bifurcando la investigación para determinar hasta dónde llegaba la red de influencias en los contratos de salud de las comunidades autónomas.
