El Ministerio del Interior modificó por la «puerta de atrás» la Ley de Personal de la Policía para prorrogar el mandato de José Ángel González, a quien el ministro calificó de «impecable»
La dimisión de José Ángel González como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, tras ser denunciado por una presunta agresión sexual con penetración, ha devuelto al primer plano la polémica maniobra legislativa que el ministro Fernando Grande-Marlaska ejecutó para mantenerlo en el cargo. En noviembre de 2024, el Ejecutivo utilizó el segundo Real Decreto de ayudas por la DANA para introducir una modificación legal que evitaba la jubilación forzosa del comisario, un movimiento que la oposición calificó en su día de «indignidad».
Una reforma legal a medida en un decreto de urgencia
El Gobierno aprovechó la coyuntura de la catástrofe en la Comunitat Valenciana para «retorcer» la normativa vigente. A través de una disposición en el decreto de ayudas, se modificó el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 9/2015 del Régimen de Personal de la Policía Nacional. Esta reforma permitía que el titular de la DAO permaneciera en servicio activo más allá de los 65 años mientras ostentara el cargo, otorgando al ministro la potestad discrecional sobre su cese.
La justificación oficial esgrimida por el Ministerio del Interior en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se amparaba en la «emergencia nacional». Según el texto, sustituir al jefe operativo en plena gestión de la DANA resultaría «altamente disfuncional», dada su labor en la coordinación de los más de 10.000 efectivos desplegados para el rescate y la seguridad en las zonas afectadas.
El «brazo político» en la Policía
Sin embargo, esta «artimaña», como ha sido tildada por diversos sectores, ya fue advertida por la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, quien cuestionó la necesidad de mantener excepcionalmente a González habiendo 170 comisarios principales en el cuerpo. La oposición denunció que se estaban utilizando las ayudas a las víctimas como moneda de cambio para mantener lo que consideraban el «brazo político» de Marlaska dentro de la institución policial.
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El ministro, que ya había avanzado en el Senado su intención de equiparar la situación del DAO de la Policía con la de su homólogo en la Guardia Civil, no escatimó en elogios hacia González en sede parlamentaria, describiendo su trayectoria como «impecable» e «indiscutible».
El fin de la etapa de González
Aquel blindaje legal ha terminado de forma abrupta con la admisión a trámite de la denuncia por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. El hasta ayer hombre de confianza de Marlaska no solo se enfrenta a la acusación de agresión sexual con penetración a una funcionaria, sino también a cargos por coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
La dimisión pone fin a una estructura de mando que Interior diseñó específicamente para el comisario ahora bajo investigación judicial, dejando en una posición delicada al titular de la cartera, quien apostó por una reforma legislativa singular para garantizar la permanencia de González al frente de la operatividad policial.
