Este domingo, miles de personas se congregaron en diversas ciudades de España para manifestarse contra el bloqueo parlamentario que había sufrido el decreto ómnibus, finalmente resuelto. Convocadas por los sindicatos CC.OO. y UGT, las movilizaciones se realizaron bajo el lema «Con los derechos de la gente no se juega» y tuvieron como objetivo denunciar la situación generada por el voto en contra de PP, Junts y Vox, que puso en peligro la prórroga de medidas sociales clave.
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Entre las medidas afectadas por este bloqueo estaban la revalorización de las pensiones, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la prohibición de desahucios para familias vulnerables. Pese a la importancia de estas iniciativas, la participación en las protestas fue desigual a lo largo del territorio nacional. En Galicia, la asistencia fue escasa, con pequeños grupos en ciudades como A Coruña, Ourense y Vigo. En Madrid, la cifra de asistentes ascendió a unas 5.000 personas, mientras que en Barcelona se congregaron alrededor de 3.000, según los organizadores. No obstante, la Guardia Urbana rebajó la estimación en la capital catalana a tan solo 300 participantes.
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Desde UGT Galicia, los representantes sindicales manifestaron que «Os nosos dereitos teñen que estar fóra dos cálculos partidistas e as guerras políticas». Por su parte, el Secretario General de CC.OO., Unai Sordo, denunció desde Madrid el «tacticismo político» de ciertos partidos, al que responsabilizó del «secuestro» de las medidas sociales incluidas en el decreto ómnibus. Aunque la situación ya se ha desbloqueado, Sordo advirtió que los sindicatos estarán atentos a su tramitación parlamentaria y que fiscalizarán el proceso de negociación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
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En la misma línea, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, destacó que estas movilizaciones no solo buscaban criticar a los partidos responsables del bloqueo, sino también recordar al Gobierno la necesidad de incluir en los nuevos PGE una agenda social amplia. Entre las reivindicaciones sindicales figuran la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y la exención de cotización por IRPF para los trabajadores con salarios mínimos.
Las protestas reflejan la creciente preocupación de los sindicatos y la ciudadanía por el impacto de la política en los derechos sociales, así como la exigencia de compromisos firmes en favor de la protección de los sectores más vulnerables.
