JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de Policía, ha presentado nuevamente ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional una demanda por conflicto colectivo contra la Dirección General de la Policía (DGP) y el Ministerio del Interior, acusando un “incumplimiento estructural y prolongado” de la normativa de prevención de riesgos laborales. Según el sindicato, las medidas de seguridad y protección de los agentes son en la práctica “meramente formales y burocráticas”, sin eficacia real.
La acción judicial se ha reforzado con una redacción más detallada y técnica, tras la solicitud de la Audiencia Nacional de precisar los incumplimientos. JUPOL recalca que este paso es parte del procedimiento habitual y no implica desestimación de la demanda.
El sindicato denuncia fallos graves en el sistema preventivo, incluyendo la ausencia de evaluaciones reales de riesgos, la falta de planificación y auditorías internas, el deterioro de instalaciones, carencia de equipos de protección individual adecuados, y armeros no homologados. Estas deficiencias, según JUPOL, incrementan la exposición de los agentes a riesgos, en un contexto donde las agresiones a policías alcanzaron 16.878 en 2024, su cifra más alta en años recientes.
Además, la demanda subraya la “negación sistemática” a evaluar riesgos psicosociales, incluso en unidades con alta presión operativa, y denuncia que la participación sindical se limita a un trámite formal, vulnerando derechos constitucionales.
El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, afirmó que la demanda era “ineludible” y señaló que la Policía Nacional “vive desde hace años en un estado de abandono preventivo que pone en riesgo la vida y salud física y psicológica de miles de agentes”. Rivero instó al Ministerio del Interior a cumplir estrictamente la ley y adoptar medidas preventivas eficaces.
