Con todo lo que está aconteciendo con esta pandemia donde todas las medidas que se tomen son pocas y donde el riesgo de contagios es elevadísimo, tendríamos que preguntarle a la directiva del Centro La Esperanza, qué medidas, si es que las hay, se han tomado en un centro donde en la actualidad hay cerca de 450 menores además de todos sus trabajadores, porque según las noticias puede haber personas que estén infectadas y que se encuentren asintomáticas, o sea que desconozcan que están contagiados y estén sin saberlo, transmitiendo el virus.
Creo que es hora de hablar sobre el trabajo que están realizando los Vigilantes de Seguridad en este centro, trabajo que si ya antes era bastante difícil, ahora es terriblemente mucho más. Estos profesionales también tienen familias y cada día a salir de su trabajo se preguntan a sí mismos si habrán contraído esta enfermedad.
Se está hablando de que hay que tomar una serie de medidas y de la poca información que manejan los profesionales, porque este virus es desconocido hasta ahora, se está obligado a dotar al personal con los EPI (equipo de protección individual) como es la mascarilla y los guantes, pero según nos llega, ésta medida de vital importancia no se está tomando. En Ceuta hasta este momento, solo hay un caso confirmado de Coronavirus, pero ante esta irresponsabilidad tan sumamente grande, van a empezar a aparecer más casos. El empresario es quien tiene que facilitar los medios al trabajador para garantizar su seguridad y en este caso el empresario no lo está haciendo.
Esperemos que no haya que lamentar víctimas, pero al no tomarse las medidas, en esta ciudad se va a colapsar el Hospital Universitario y eso es lo que tenemos que impedir.
Una vez finalice toda esta pesadilla que ni en nuestros peores sueños hubiésemos visto, habrá que depurar responsabilidades y el Código Penal, en su artículo 316 dice: «los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses».
Para finalizar quiero homenajear a estos agentes de seguridad que lo están dando todo, haciendo una gran labor tanto a nivel nacional como local, desde la sombra, nunca reconocidos por su trabajo. Imaginemos que un día nos despertamos y que ellos no están, simplemente se han ido porque están cansados de tantos abusos contra ellos y de que no se les de su lugar. Ellos son colaboradores directos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y merecen un trato preferente y deferente tal y como lo establece la Ley de Seguridad Privada.
José Antonio Carbonell
