La Plataforma de Organizaciones Feministas con más de un centenar de firmantes hace llegar 78 propuestas a los partidos políticos que se presentan a las Elecciones Generales del próximo 28 de abril.
Las más de 144 organizaciones feministas que han firmado el manifiesto exigen medidas contra los diferentes tipos de violencia contra las mujeres: la violencia de género, la violencia y desigualdad económicas, la violencia institucional y la explotación sexual de mujeres y niñas en prostitución, encabezan sus peticiones. A la presentación han invitado a representantes de los cuatro partidos políticos principales: Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP.
Organizaciones de todo el territorio se han adherido ya al manifiesto que, en materia de violencia de género, especifica peticiones como la aplicación del Convenio de Estambul y el reconocimiento legal de todos las víctimas de violencia de género, no solo las de la pareja o expareja; la revisión de las leyes de Extranjería y de Violencia de Género para erradicar la discriminación de facto contra las mujeres inmigrantes, entre otras.
En la denuncia contra la violencia económica, centro del segundo eje temático, destacan la petición de derogación de las dos últimas reformas laborales y la priorización del “pleno empleo, digno e igualitariamente repartido entre mujeres y hombres” en el modelo de política económica.
Otras seis propuestas forman el eje de cuidados, basado en la cobertura suficiente de la educación infantil de 0 a 3 años y la atención a la dependencia. El cuarto eje menciona mecanismos institucionales para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como la restitución del Ministerio de Igualdad y que Estaña se convierta en un Estado laico.
Un quinto eje se centra en la explotación sexual de mujeres y niñas, contra lo que el movimiento feminista exige una ley integral con el modelo sueco, que incluya la abolición de la prostitución.
Los últimos ejes se centran en medidas por una sanidad pública universal como el acceso universal al sistema nacional de salud y la eliminación de copagos, la incorporación de una “economía feminista para situar el cuidado de las personas en el centro”, una “nueva Ley Estatal de Vivienda que garantice su función social en todo el territorio”, medidas sobre “fronteras, migraciones, refugio y ciudadanía” como el cierre de los CIEs; y una educación para la igualdad.
