Amnistía Internacional, CEAQUA e Irídia piden a la nueva Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, que se posicione ante las querellas por crímenes del franquismo. Las entidades de defensa de los derechos humanos han pedido también a esta Fiscalía especializada que clarifique si tiene competencias para emprender investigaciones por los crímenes del franquismo. Muestran su preocupación ante el primer pronunciamiento del Ministerio Público tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria, a través de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que ha aludido a obstáculos legales y jurídicos para no investigar un caso de torturas en 1971
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La creación de la Fiscalía de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática el pasado octubre, supuso un avance en materia de políticas públicas de memoria en el Estado español. Aun así, entidades memorialistas y de derechos humanos denunciaron ya entonces las carencias de la norma respecto al derecho a la justicia y a la necesaria investigación judicial de los crímenes del franquismo, tal como vienen reclamando históricamente. Por ello, Amnistía Internacional, CEAQUA e Irídia han enviado una carta a la nueva Fiscal de Sala en la materia, Dolores Delgado, nombrada el 7 de junio, pidiendo que concrete sus funciones y el alcance de sus competencias, en particular su capacidad para intervenir e investigar por la vía penal.
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En paralelo, se ha conocido el primer posicionamiento de Fiscalía respecto a la investigación de dichos crímenes desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria. Este obvia el contenido de la Ley en el sentido de aplicar el marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos. En cambio, reitera los tres obstáculos a que se ha invocado hasta ahora para no investigar, perpetuando la impunidad: el principio de legalidad, la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos. El pronunciamiento, firmado por la Fiscalía Provincial de Barcelona, insta a archivar la querella de Carles Vallejo, interpuesta por Irídia y Òmnium Cultural, por torturas en la Comisaría de Via Laietana 43 en 1971. Ahora la judicatura deberá decidir si la admite o no a trámite.
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El pasado mes de mayo, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, admitió a trámite una querella presentada por Julio Pacheco, llamando a declarar al querellante por primera vez. En dicha querella se denunciaron las torturas que sufrió en la Dirección General de Seguridad en 1975, caso por el que se ha citado como investigado a José Manuel Villarejo y a otros tres policías de la época. Esta resolución positiva no responde a un criterio unánime por parte de los tribunales: dos semanas antes otro juzgado, en Navarra, desestimó otra querella interpuesta a la vez por CEAQUA por las torturas policiales y la detención ilegal de María Concepción Edo Gil en la sede de la Brigada Politicosocial de Pamplona en 1972. En la misma línea, otra de las denuncias de CEAQUA interpuesta en Ferrol por el asesinato de Moncho Reboiras en 1975 se convirtió en la primera en archivarse tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria. Más recientemente, se ha archivado también la querella interpuesta en los Juzgados de Valencia por Ausias Alminyana Calatayud, en la que se denunciaba las torturas sufridas por su padre Vicent Alminyana en 1973 en el Cuartel de la Guardia Civil de Patraix en Valencia.
La Ley de Memoria Democrática establece el derecho a la investigación en su artículo 29, pero no fija las medidas necesarias para eliminar los obstáculos a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo de acuerdo con el Derecho Internacional. Las tres organizaciones manifiestan que estos obstáculos legislativos demuestran poca voluntad y compromiso político para asegurar y proteger el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por ello, siguen insistiendo en la necesidad de modificar la Ley de Amnistía, incluir el principio de legalidad en el Código Penal y ratificar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad de acuerdo con la legalidad internacional.
Además, las organizaciones instan a la nueva Fiscalía de sala a clarificar si tiene funciones y capacidades para impulsar investigaciones por los crímenes del franquismo y tomar la competencia en los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la Ley. En este sentido, le piden que impulse todas las investigaciones, informe favorablemente la admisión a trámite de las querellas -incluida la de Carles Vallejo- apoye y no se oponga a los recursos de apelación que se puedan interponer por parte de los querellantes -entre otras la de María Concepción Edo Gil y Moncho Reboiros- y, en definitiva, promueva todas las actuaciones procesales que se precisen para que las investigaciones judiciales puedan prosperar, tal como detalla la Ley. De lo contrario, dichas querellas se sumaran a las más de 100 inadmitidas por los juzgados del Estado español desde 2010, dejando sin una finalidad real y efectiva la propia creación de la Fiscalía de sala de Memoria Democrática.
Las tres organizaciones muestran su compromiso con la denuncia de los crímenes franquistas y reiteran la exigencia del reconocimiento del derecho efectivo a la justicia de las víctimas de la dictadura y la Transición, pese a ser conscientes de las dificultades para “revertir la política de impunidad y olvido mantenida durante décadas en el Estado español”.
