«Hemos verificado la pertinencia de las reivindicaciones de quienes vienen denunciando cómo gobiernos de diferente signo benefician económicamente a empresas mediáticas afines«
Por: Federación de Sindicatos de Periodistas
Un equipo de académicos de varias universidades ha elaborado un informe sobre la financiación pública de las empresas privadas de medios de comunicación, en el que piden una reforma de la legislación sobre la publicidad institucional y otras transferencias de fondos públicos a los medios privados. Constatan la falta de transparencia existente en la planificación y contratación de la publicidad institucional por parte de las diferentes administraciones, y afirman que ésta no puede ser una forma encubierta de financiar a los medios de comunicación.
Este estudio se enmarca en el proyecto de i+d Impacto de la financiación pública en la economía de las empresas mediáticas privadas: subvenciones y publicidad institucional. Análisis del caso español (2008-2020), financiado por el Gobierno español. Lo han realizado profesores de las Universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y Castilla-La Mancha, con el objetivo de mejorar la regulación de la financiación pública de los medios privados.
El equipo de académicos -dirigido Isabel Fernández Alonso, investigadora principal del proyecto y profesora titular de Comunicación en la UAB-, ha mantenido reuniones con diferentes entidades y organizaciones del sector de la comunicación, entre ellas la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), y ha entregado el informe a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
«Tras haber estudiado las principales formas de transferencia de fondos públicos a medios privados (en especial, la publicidad institucional) por parte de diferentes administraciones, hemos constatado problemas que, en nuestra opinión, repercuten en la calidad de nuestra democracia al condicionar (sobre todo en momentos de crisis) la pluralidad de voces que se pueden escuchar en el panorama mediático», afirman en el informe.
«Hemos verificado la pertinencia de las reivindicaciones de quienes vienen denunciando cómo gobiernos de diferente signo benefician económicamente a empresas mediáticas afines», señalan.
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Estos profesores van a publicar diferentes textos académicos en la web del Grupo de Investigación en Estructura y Políticas de Comunicación Daniel Jones [www.grupodanieljones.org] y pretenden que se abra un debate político para buscar una regulación adecuada de la financiación pública de los medios privados. Para ello, en su informe incluyen una serie de ideas con ese objetivo, entre ellas las siguientes:
— Procede reformar la Ley 29/2005 de publicidad y comunicación institucional, que habría de convertirse en una verdadera norma básica sobre la materia, sin perjuicio de las normativas de desarrollo que eventualmente puedan elaborar o reformar las comunidades autónomas. Es imprescindible una delimitación rigurosa de qué es un medio de comunicación (en un contexto multiplataforma y de multiplicación de nativos digitales), así como la regularización de los medios comunitarios.
— Los criterios de planificación han de ser objetivables y articularse exclusivamente buscando la eficiencia, de modo que el mensaje de interés público llegue al mayor número de ciudadanos afectados.
— Revisar los procesos de contratación para hacer que las exigencias de facturación a las agencias de medios sean acordes con los presupuestos de licitación.
— Crear órganos técnicos con personal cualificado, que centralicen los procesos de creatividad, planificación y contratación. Esto no obsta para que cada departamento de la Administración proponga las campañas que considere oportunas.
— Las transferencias de fondos públicos a empresas de medios deberían incorporarse al listado de publicidad activa de las administraciones que recogen las normativas sobre transparencia y también habrían de figurar detalladas en el Registro Mercantil. Esto permitiría saber qué dinero transfiere cada administración a los diferentes medios. Vinculado a esto, es esencial una total transparencia en cuanto a la propiedad de los medios, en el Registro Mercantil pero también en sus propias webs.
— Estudiar la posibilidad de destinar más fondos a subvenciones directas y/o indirectas a los medios, por cuanto son estas, y no la publicidad institucional, la fórmula adecuada para el fomento del pluralismo. En este sentido, cabría valorar que se prioricen las ayudas a las empresas mediáticas menos beneficiadas por la contratación de publicidad institucional.
— Cualquier fórmula de transferencia de fondos públicos a empresas mediáticas (contrato, subvención o convenio) debería estar condicionada por un riguroso control del respeto a las normas legales (incluidas las de orden fiscal y laboral) y deontológicas por parte de todos los actores implicados, tanto del sector mediático como del publicitario.
