CSIF pide blindar en normativa básica estatal la obligatoriedad de acabar con la temporalidad en las distintas administraciones públicas y que las lenguas cooficiales sean un mérito, nunca un requisito.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha trasladado al Secretario General y a la Directora General de Función Pública, su hoja de ruta para mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de las AA.PP. CSIF incide en dos ámbitos fundamentales: mejores retribuciones y acabar con la alta tasa de temporalidad.
De entrada, CSIF exige sentarse ya a negociar un acuerdo de legislatura que permita, por un lado, recuperar la estructura salarial previa al recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se ejecutó en 2010, recuperar definitivamente la pérdida de poder adquisitivo que arrastran desde entonces todos/as los Empleados Públicos (12,9-17,9 por ciento) y acabar con la alta tasa de temporalidad existente.
En todo caso, hay que empezar a tener en cuenta estas premisas de cara a los presupuestos generales del Estado para este año y aumentar las partidas de gasto de los distintos departamentos ministeriales, como ya ha exigido CSIF, para lograr la homogeneización de los salarios entre las distintas administraciones públicas.
Te interesa
También en materia de retribuciones, teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento del PIB, CSIF reclama adecuar los incrementos variables que contempla el último acuerdo a las expectativas reales de nuestra economía, con el fin de ‘blindar’ las nóminas de los/as empleados públicas y mantener la senda de recuperación del poder adquisitivo.
En lo que se refiere al empleo, CSIF reclama empezar a diseñar cuanto antes la oferta de empleo público de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado y fijar en normativa básica estatal la obligatoriedad de que se oferten todas las plazas cubiertas de manera temporal sin que estas ocupen tasa de reposición.
Dicho acuerdo debe contemplar la regulación de la carrera profesional; el desarrollo de las 35 horas; un nuevo impulso a las medidas de conciliación (desarrollo de las bolsas de horas); la adecuación de los grupos de clasificación en la función pública a las nuevas titulaciones; la jubilación voluntaria a los 60 años; adecuar los complementos de residencia e insularidad; acabar con la desigualdad retributiva entre administraciones, el reconocimiento de las lenguas cooficiales como mérito y nunca como requisito, y el desarrollo de la figura del delegado/a en Igualdad y Violencia de Género.
