La conocida como ‘Ley de Nietos’ registra un aluvión de 2,4 millones de solicitudes. El Gobierno defiende el proceso como un acto de justicia frente a las críticas de la oposición.
MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho balance del impacto de la Ley de Memoria Democrática, revelando que un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han solicitado formalmente la nacionalidad española. De este volumen masivo de peticiones, 544.722 ya han sido aprobadas y 306.000 solicitantes se encuentran plenamente inscritos como ciudadanos españoles en los registros oficiales.
Según los datos ministeriales actualizados a fecha de 31 de marzo de este año, el despliegue internacional del proceso ha sido histórico: la mitad de las solicitudes globales (1,2 millones) se canalizaron de forma presencial a través de la red de oficinas consulares de España repartidas por todo el mundo.
Te interesa
Un mecanismo de justicia frente al exilio
La legislación, aprobada originalmente en el año 2022, se diseñó con el propósito de ofrecer una vía de adquisición de la nacionalidad a los descendientes de aquellas personas que se vieron abocadas al exilio tras el fin de la Guerra Civil (1936-1939) o debido a la posterior persecución de la dictadura franquista.
Asimismo, la normativa subsanó dos realidades históricas específicas:
- Pérdida de derechos por matrimonio: Permite obtener la nacionalidad a los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron de forma automática su condición de ciudadanas al casarse con ciudadanos extranjeros antes de la vigencia de la Constitución de 1978.
- Continuidad familiar: Habilita el procedimiento para los hijos mayores de edad de aquellos ciudadanos a quienes ya se les había concedido la nacionalidad en virtud de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007.
Aunque el plazo para formalizar nuevas solicitudes concluyó en octubre de 2025 —tras una vigencia inicial de dos años y una prórroga adicional de un año—, el Ministerio aclara que los expedientes presentados en tiempo y forma continúan su tramitación administrativa regular.
Choque político por la memoria democrática
Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han defendido con firmeza la rigurosidad de este procedimiento, catalogándolo como un proceso «garantista» enfocado en reparar el daño sufrido por quienes, por motivos ideológicos, políticos, de creencia, orientación sexual o dificultades económicas, se vieron obligados a renunciar a sus raíces o perdieron su documentación.
El balance institucional también ha dejado espacio para la confrontación política. El Ejecutivo ha acusado de forma directa al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de «frivolizar y manosear» tanto la memoria democrática como los derechos consolidados de las víctimas. Desde el departamento gubernamental lamentan que la oposición reduzca a una «cuestión electoralista» lo que consideran una medida extraordinaria de reparación y estricta justicia histórica.
«El PP está poniendo palos en las ruedas», han recriminado fuentes del Ministerio, argumentando que se intenta obstaculizar el reconocimiento a quienes legítimamente tienen derecho «a ser igual de españoles que ellos», y zanjando que devolver la nacionalidad a los descendientes de los represaliados jamás debe entenderse como un privilegio, sino como un deber democrático.
