El proceso excepcional, habilitado durante dos meses y medio, cierra su ventanilla con más de 900.000 solicitudes. El Gobierno rechaza prorrogar el plazo pese a las quejas por las trabas burocráticas con los antecedentes penales.
MADRID. — Este martes llega a su fin el plazo de dos meses y medio que el Gobierno de España habilitó de forma excepcional para que los extranjeros en situación administrativa irregular puedan solicitar su regularización extraordinaria. La medida está dirigida a todos aquellos migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, que se encontrasen residiendo en el país antes del 1 de enero de este año, carezcan de permisos de residencia y trabajo, y no tengan antecedentes penales.
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El proceso de recepción arrancó el pasado 16 de abril por vía telemática y se reforzó cuatro días después con la atención presencial a través de más de 400 puntos habilitados entre oficinas de Extranjería, dependencias de la Seguridad Social y sucursales de Correos. Durante la jornada de hoy, los rezagados aún pueden formalizar su expediente de manera virtual mediante la plataforma Mercurio o acudiendo presencialmente con cita previa.
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Un aluvión de solicitudes y autorizaciones provisionales
El balance numérico provisional de la convocatoria constata la magnitud de la iniciativa. Según los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo, a fecha del 15 de junio ya se habían contabilizado 900.000 peticiones de regularización. De esa cifra, un total de 360.000 solicitudes ya han sido admitidas a trámite, un hito administrativo que dota de forma automática a los solicitantes de una primera autorización provisional para residir y trabajar legalmente en el país mientras se resuelve el expediente definitivo.
La Administración dispone de un margen legal de hasta tres meses para emitir las resoluciones correspondientes. Aunque no se han publicado datos definitivos sobre cuántos expedientes han concluido con éxito, fuentes gubernamentales confirman que una parte de los solicitantes ya está recibiendo las notificaciones de concesión.
Trabas burocráticas y el rechazo a la prórroga
El camino hacia la regularización no ha estado exento de dificultades para los solicitantes. Durante los primeros compases del proceso, las sedes municipales y las oficinas de las ONG acreditadas registraron largas colas debido a la alta demanda del certificado de vulnerabilidad, un requisito exigido en supuestos específicos que terminó agilizándose conforme más entidades se sumaron al sistema de expedición.
No obstante, el principal escollo que ha persistido hasta el último día afecta a los migrantes procedentes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia. Estos ciudadanos han enfrentado severas trabas e imposibilidades para obtener en sus países de origen el certificado de antecedentes penales, documento de obligatoria aportación. Para intentar paliar esta brecha, el Gobierno ha diseñado un mecanismo de asistencia a través de la vía diplomática que comenzará a evaluarse en las próximas semanas.
Debido a estas complicaciones documentales, colectivos sociales, la plataforma impulsora ‘Regularización Ya’ y formaciones políticas como Sumar y Podemos solicitaron formalmente una ampliación del calendario de entrega. Sin embargo, el Ejecutivo ha mantenido invariables sus planes y ha rechazado categóricamente conceder una prórroga.
Campaña institucional en Madrid
Coincidiendo con el cierre de la ventanilla de solicitudes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto presentar este martes en Madrid el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía. El acto oficial servirá de marco para lanzar la campaña institucional bajo el lema ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’. El evento, concebido para poner en valor la aportación de la población migrante al desarrollo del país, contará con la exposición de testimonios reales de personas regularizadas y será clausurado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
