Los extranjeros que normalicen su situación tras el decreto del Gobierno tendrán acceso al sistema público de salud y a subsidios sociales, aunque deberán esperar un año para solicitar el Ingreso Mínimo Vital
La entrada en vigor este jueves del Real Decreto de regularización extraordinaria abre un nuevo escenario jurídico para cerca de medio millón de personas en España. Más allá de la autorización para residir y trabajar legalmente tras obtener el Número de Afiliación de la Seguridad Social (NUSS), la condición de residente legal otorga el acceso a un amplio catálogo de servicios y prestaciones públicas en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles.
Uno de los pilares de esta integración documental es el acceso a la tarjeta sanitaria. Los beneficiarios de la regularización podrán solicitarla en su comunidad autónoma de residencia, lo que les garantiza el derecho a la sanidad pública. Para este trámite, según detalla el texto publicado en el BOE, únicamente será necesario presentar el certificado de empadronamiento y el número de la Seguridad Social concedido al finalizar la regularización.
El requisito del año previo para el IMV
En el ámbito de las prestaciones económicas, el acceso no es inmediato en todos los casos. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las ayudas más demandadas para garantizar un nivel básico de rentas, exige como requisito indispensable haber mantenido una residencia legal y efectiva en España durante al menos doce meses. Por tanto, quienes obtengan sus «papeles» mediante este proceso extraordinario deberán esperar un año de legalidad antes de poder tramitar esta solicitud.
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Por el contrario, otras ayudas no requieren este periodo de carencia. Entre ellas destacan:
- Ayudas al alquiler: El Estado contempla prestaciones que cubren hasta el 50% de la renta mensual, siempre que el contrato no exceda los 600 euros (o 900 euros en zonas tensionadas).
- Cesta de la compra: Acceso a las «Tarjetas Monedero» autonómicas, con cuantías de entre 130 y 220 euros para familias vulnerables.
- Ayudas por nacimiento: Un pago único de 1.000 euros para familias monoparentales, numerosas o madres con discapacidad superior al 65%.
- Deducción por maternidad: El conocido como «cheque bebé» de hasta 1.200 euros anuales para madres trabajadoras con hijos menores de tres años.
Educación postobligatoria y movilidad europea
En el plano educativo, aunque la escolarización básica está garantizada con independencia de la situación administrativa, la residencia legal permite ahora el acceso a las etapas postobligatorias. Esto incluye la obtención de títulos de Bachillerato y universitarios, así como la posibilidad de optar al sistema público de becas del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas en régimen de concurrencia competitiva.
Asimismo, la regularización conlleva un beneficio en términos de movilidad internacional. Los nuevos residentes podrán desplazarse libremente por los 29 países del Espacio Schengen por un periodo máximo de 90 días, bajo los mismos términos que rigen para los visados de turista, facilitando así la circulación dentro del territorio europeo.
Finalmente, el decreto garantiza la protección a colectivos específicos, permitiendo a las víctimas de violencia de género o sexual acceder a un subsidio mensual de entre el 80% y el 95% del IPREM, con una duración máxima de 30 meses, siempre que se cumplan los requisitos de desempleo e inscripción como demandante de empleo.
