La organización insiste en la urgencia de elaborar protocolos de prevención y detección temprana, así como la formación a profesionales, previstos en la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia
Ante los casos descubiertos de explotación y abuso sexual infantil en centros de protección de distintas comunidades autónomas, Save the Children manifiesta su preocupación ante esta grave vulneración de derechos e insiste en que la prioridad debe ser la protección de las víctimas y su recuperación. La respuesta del sistema debe ser inmediata y no debe suponer una revictimización, garantizándose así los derechos de las niñas y niños durante todo el proceso.
«Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de protección están privados de cuidado parental, una situación extraordinaria con consecuencias emocionales, afectivas y psicológicas que les convierte en un colectivo de especial vulnerabilidad, con un mayor riesgo de ver vulnerados sus derechos y ser víctimas de violencia, siendo su expresión más extrema la explotación sexual. El sistema de protección debe asegurar que los centros son entornos seguros y elaborar protocolos de prevención y detección temprana de estas situaciones como prevé la ley», señala Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.
Ante estos casos, para la organización es imprescindible, además de la puesta en marcha de procesos internos así como las investigaciones de las autoridades competentes y las fuerzas de seguridad para depurar responsabilidades, el acompañamiento individualizado a las víctimas. Que los casos salgan a la luz y se investiguen es una parte fundamental para acabar de una vez por todas con esta grave vulneración de derechos que sufren los menores tutelados.
«La clave en la erradicación de cualquier tipo de violencia está en la prevención. Por ello, es urgente que se implementen las medidas previstas por la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, entre ellas la Estrategia que debe desarrollar sus principales aspectos», insiste Perazzo.
Para que la prevención funcione es necesaria la formación de profesionales en prevención y detección de la violencia, protocolos de actuación y notificación, así como mecanismos de denuncia confidenciales y seguros entre otros. Asimismo, se debe informar a los niños y niñas sobre sus derechos y cómo identificar situaciones de riesgo y violencia.
La organización recuerda que la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia recoge en su artículo 53 que «todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros» y que ello se logrará a través del establecimiento e implementación de protocolos para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia. También en su artículo 54 se refiere explícitamente a la necesidad de que estos protocolos incluyan «actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales bajo su responsabilidad».
Por último, Save the Children plantea la necesidad de replantear el sistema de acogida en su conjunto. En un primer lugar, en aquellos casos donde el interés superior del menor así lo recomiende, es esencial trabajar con las familias para evitar la separación. Cuando la separación sea la medida más indicada para garantizar el bienestar del niño o la niña, es esencial impulsar el acogimiento familiar y reformular la acogida residencial, evolucionando hacia centros más pequeños con un ambiente más cercano a una convivencia familiar, en la línea de los planteamientos establecidos por nuestra propia legislación y por el Comité de Derechos del Niño. Esto supondría un gran avance para el cumplimiento de los derechos de niños y niñas sin referentes familiares asegurando su bienestar.
