La patronal advierte de que la norma aprobada por el Consejo de Ministros pone en peligro 300.000 puestos de trabajo y amenaza con el cierre de más de 30.000 bares en toda España.
La organización SOS Hostelería, integrada en Conpymes, ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios para solicitarles que voten en contra de la ley que prohíbe fumar en las terrazas, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros. La entidad califica la medida de «letal» para la viabilidad económica de miles de pequeños y medianos establecimientos.
Un impacto directo en la facturación y el empleo
Desde la patronal hostelera recuerdan que la mitad de los locales del sector en España —unos 85.000 establecimientos— cuentan con espacio exterior habilitado. En estos negocios, el rendimiento económico de la terraza representa entre el 30 % y el 50 % de las ventas totales.
SOS Hostelería ha presentado una estimación de las consecuencias que acarrearía la entrada en vigor de esta restricción:
- Riesgo laboral: Pérdida de hasta 300.000 empleos vinculados a la caída de la actividad.
- Cierre de negocios: Destrucción proyectada de más de 30.000 bares y restaurantes.
- Mermas para las arcas municipales: Menor recaudación por la vía de tasas de ocupación de la vía pública, donde una terraza estándar de 20 m² abonaba de media unos 1.300 euros anuales a las arcas locales.
Malestar con el Ministerio e inversiones previas
El presidente de SOS Hostelería, Rafael Asensio, ha mostrado un rotundo rechazo hacia las declaraciones de la ministra de Sanidad, al considerar que invalida el esfuerzo del sector:
Te interesa
«La ministra insulta a los ciudadanos al tratarlos de incívicos al afirmar que una familia no tiene que convivir con el humo como menú. La hostelería siempre paga las consecuencias de las restricciones. Los locales realizaron inversiones muy importantes para adaptar a sus clientes a las terrazas tras la anterior normativa y ahora se impone otra norma que llevará a muchos al cierre».
Ante el inicio del trámite parlamentario, la organización confía en que los grupos de la Cámara Baja «tengan un mínimo de sentido común y tumben la ley» durante su debate en las Cortes, o que el adelanto de la legislatura impida su aprobación definitiva.
