Más de 85 países, entre ellos España, ejercen violencia contra manifestantes
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“Autoridades de todo el mundo recurren cada vez más al uso ilegítimo de la fuerza y a la legislación represiva para aplastar las protestas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la presentación de un mapa digital interactivo que expone el impresionante aumento de la represión de quienes protestan, a manos de Estados de todo el planeta.
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El mapa global, que forma parte de la campaña global de Amnistía Internacional Protejamos la Protesta, cartografía las numerosas violaciones de derechos humanos que se perpetran en todo el mundo contra las personas que protestan. Muestra que los gobiernos tratan las protestas como una amenaza en lugar de como un derecho, y que los agentes encargados de hacer cumplir la ley creen que su papel es reprimir y someter a quienes protestan en lugar de facilitar que ejerzan sus derechos. Como consecuencia, miles de personas son dispersadas ilegítimamente, arrestadas, golpeadas e incluso asesinadas durante manifestaciones. También afrontan consecuencias devastadoras después, sólo por participar en protestas.
“La protesta pacífica es un derecho, no un privilegio, y un derecho que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y facilitar. Sin embargo, el derecho a la protesta está cada vez más amenazado, pues las autoridades usan fuerza ilegítima contra las personas en más de 85 países, España entre ellos. Desde el uso abusivo de la fuerza, la detención y la reclusión ilegítimas, hasta la tortura y otros malos tratos, pasando por la desaparición forzada y los homicidios llevados a cabo por el Estado, este mapa arroja luz sobre la enorme represión que sufren quienes protestan en todo el mundo; es aterrador”, afirmó Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.
“Hace demasiado que autoridades de todo el mundo han lanzado un feroz ataque contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a la protesta y han destruido vidas en el proceso. En Irán, las autoridades han dado muerte ilegítimamente a cientos de personas y detenido de forma arbitraria a decenas de miles, menores de edad entre ellas, para aplastar sucesivas oleadas de protestas en todo el país. Innumerables personas que protestaban han sido asimismo sometidas a tortura y otros malos tratos, entre ellos violencia sexual, bajo custodia, incluso las que fueron condenadas a muerte tras juicios farsa manifiestamente injustos y ejecutadas arbitrariamente después. En China, es imposible protestar pacíficamente sin sufrir hostigamiento y procesos judiciales, y un enorme número de activistas están en prisión por expresar su opinión. La lista de activistas —y de países— bajo amenaza sigue aumentando. Esta represión debe acabar ya.”
El mapa digital interactivo, el primero de este tipo, revela el número de países que hacen un uso indebido de armas menos letales como gas lacrimógeno, balas de goma, aerosoles de pimienta y porras para hostigar, intimidar, castigar o dispersar a manifestantes, reprimiendo su derecho de reunión pacífica.
Es necesario un tratado que regule el uso de estas armas y España debe impulsarlo
“A pesar del uso generalizado e indebido de armas menos letales, no hay un control global de la producción, comercio y uso de estas armas. Es terrible”, prosiguió Patrick Wilcken. “Este mapa pone de relieve la necesidad de un tratado internacional para regular el comercio de material de control policial con el fin de garantizar que las armas menos letales no terminan en manos de fuerzas policiales abusivas”. De hecho Amnistía Internacional está pidiendo al gobierno de España que impulse este tratado.
En su informe del pasado mes de agosto, el Comité contra la Tortura mantenía su preocupación por las numerosas lesiones graves, incluidas las oculares, producidas por el uso de balas de goma y de espuma (foam) en el marco de la gestión de manifestaciones.
En concreto, las balas de goma que todavía utilizan la Policía Nacional y la Guardia Civil en España han causado en las dos últimas décadas la muerte de una persona, Iñigo Cabacas, y 24 lesiones graves, incluyendo 11 casos de severas lesiones oculares, como ha documentado “Stop Balas de Goma”. El Comité contra la Tortura lamentaba que la instrucción que regula el uso de la fuerza, armas y otros dispositivos por parte de las fuerzas del orden no se haya hecho pública. Amnistía Internacional solicitó recientemente tener acceso a dicha instrucción, algo que denegó el Ministerio del Interior alegando que se trata de información protegida. Las balas de goma deben prohibirse por ser inherentemente imprecisas y su elevada probabilidad de causar lesiones graves.
Las balas de foam, con las que la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra han reemplazado las pelotas de goma, también han causado lesiones graves, cinco concretamente en Cataluña: dos personas que perdieron un ojo, dos personas con traumatismo craneoencefálico severo y otra persona que perdió un testículo, además de otros casos de impactos en las piernas. A pesar de que el gobierno catalán tiene previsto retirar el proyectil más lesivo (SIR-X), el uso de todas las balas de foam debe suspenderse para evaluar sus protocolos y especificaciones técnicas, detectando posibles deficiencias y valorar si puede ser usado conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Una legislación contra el derecho a la protesta
Además de indicar los países donde las personas que protestan sufren abusos y el tipo de amenazas que afrontan, el mapa detalla la legislación vigente sobre protestas, publicaciones de la ONU pertinentes y sentencias de tribunales internacionales, y explica cómo puede emprender la acción la ciudadanía. Actualizado en tiempo real, ofrece un panorama escalofriante de la realidad cotidiana de quienes protestan en todo el mundo.
En el caso de España, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló en mayo de este año cómo la aplicación de la Ley Mordaza y de algunos artículos del Código Penal continúan teniendo un impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión, especialmente sobre defensores de derechos humanos y periodistas, generando un efecto desmovilizador en la ciudadanía.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana más de 250.000 personas han sido sancionadas, muchas de ellas activistas y periodistas, por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta o tratar de documentar la actuación policial. En el informe mencionado anteriormente, el Comité contra la Tortura mostró su preocupación por el amplio margen de discrecionalidad que la Ley de Seguridad Ciudadana otorga a las fuerzas de seguridad en determinados ámbitos, como los controles de identidad y registros corporales en la vía pública.
Lamentablemente, la anterior legislatura no logró acometer una reforma de esta ley, una tarea que Amnistía Internacional reclama a los grupos parlamentarios que retomen a la mayor brevedad en la presente legislatura.
Por otra parte, el Código Penal sí fue reformado, en diciembre de 2022, mejorando algunos aspectos respecto de la modificación del año 2015. Sin embargo, los delitos del Código Penal que afectan al derecho a la protesta aun requieren una definición más precisa para no criminalizar indebidamente actos de desobediencia civil pacífica, ni imponer penas desproporcionadas. Por ejemplo, el delito de desórdenes públicos debe asegurar que sólo se castigan actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda o protestan contra la crisis climática.
Derecho a la protesta y pandemia de COVID-19
Está ampliamente reconocido que el derecho a la protesta fue restringido de forma significativa durante la pandemia de COVID-19, dado que, en la mayoría de los países, se prohibieron en general las reuniones por motivos de salud pública. Algunos Estados, sin embargo, usaron la pandemia como pretexto para limitar aún más las reuniones o introducir restricciones desproporcionadas. En el caso de España, Amnistía Internacional documentó la extensiva aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana por parte de las fuerzas de seguridad, en el marco de un enfoque punitivo para hacer cumplir las medidas de confinamiento. Manifestantes y también periodistas vieron restringidos sus derechos a la protesta y a la libertad de información de forma indebida, enfrentando sanciones y actuaciones policiales arbitrarias.
Según la Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos, muchos países tuvieron dificultades para recuperarse, algo que es también visible en su registro anual de derechos. Por ejemplo, Angola tiene una puntuación de 3,4 sobre 10 en relación con el derecho de reunión y asociación en su Rights Tracker de 2023.
Elizabeth Campos, activista del Movimiento por las Mujeres en Política, de Angola, revela la realidad de la protesta en su país.
“Cuando asistimos a protestas, la experiencia es siempre una experiencia cercana a la muerte. Salimos de casa, pero no estamos seguras de si regresaremos junto a nuestra familia. Es un país donde la democracia sólo existe sobre el papel. Las protestas pueden tornarse muy violentas, así que, cada vez que vuelvo junto a mis hijas y nietos, lo celebro. En mi país sufrimos constantemente violencia institucional.”
Información adicional
Según el seguimiento realizado por Amnistía Internacional, en 2022 hubo denuncias creíbles de uso ilegítimo de la fuerza a manos de las fuerzas de seguridad estatales contra personas que se manifestaban pacíficamente en al menos 86 de los 156 países examinados en su Informe Anual. En 37 países, las fuerzas de seguridad usaron armas letales contra manifestantes a pesar de que las armas de fuego no son adecuadas para el control de multitudes y de que la policía no debería usarlas nunca para dispersar una reunión.
En India, por ejemplo, las autoridades han recurrido a armas de fuego, gas lacrimógeno, cargas con porras, cierres de Internet e incluso desalojos forzosos contra quienes protestan contra el gobierno. En China, quienes se atreven a protestar corren el riesgo de perder su derecho a la educación y a la vivienda. Recientemente, en Perú, el uso ilegítimo de fuerza letal por las fuerzas de seguridad causó 49 muertes durante las protestas. En todo el mundo, la investigación de Amnistía Internacional revela que las personas que protestan son detenidas arbitrariamente en más del 50% de los países cubiertos en su Informe Anual.
“Este mapa global representa claramente la escala generalizada de la represión y las restricciones que afrontan en todo el mundo quienes protestan. En todo el planeta, se perpetra toda una serie de violaciones de derechos humanos durante la actuación policial en las protestas, lo que es enormemente preocupante”, concluyó Patrick Wilcken.
“Señalar las violaciones de derechos humanos en un mapa nos permite visualizar y hacer un seguimiento de la escala global del problema. Además, expone a los gobiernos que no protegen el derecho a la protesta y ayuda a exigir cuentas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley por los abusos alarmantes que cometen en sus esfuerzos por aplastar las manifestaciones. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que hagan una revisión sustancial y urgente de su enfoque, detengan esta violencia aberrante y garanticen que protegen y facilitan las protestas pacíficas.”
