En un hecho sin precedentes, el Congreso de los Diputados acogió ayer la declaración de Mohamed Houli Chemlal, condenado por su participación en los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Pese a cumplir una pena de 36 años de prisión, Houli compareció en la Cámara Baja esposado y custodiado por un fuerte dispositivo policial, para sostener una acusación sin pruebas contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Un terrorista en el Congreso
El Tribunal Supremo ratificó en noviembre de 2023 la condena de Houli Chemlal como integrante de la célula yihadista responsable de los atentados, que causaron la muerte de 16 personas y dejaron más de 300 heridos. Entre los delitos imputados figuran pertenencia a organización terrorista, tenencia y fabricación de explosivos con fines terroristas y estragos en grado de tentativa.
A pesar de este historial, el testimonio de Houli Chemlal fue promovido en la comisión parlamentaria impulsada por el partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya. Durante su intervención, el condenado aseguró, sin aportar pruebas, que el CNI permitió al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, organizar la célula terrorista que atentó en Cataluña. «El CNI tenía conocimiento de las intenciones del imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza», afirmó.
Interrogado por los portavoces parlamentarios sobre la falta de pruebas que sustenten su acusación, Houli Chemlal respondió: «Las pruebas no las tengo que buscar yo». Su declaración coincide con la teoría de la conspiración impulsada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo y respaldada por sectores independentistas.
La estrategia independentista y la ausencia de pruebas
La comisión, promovida por Puigdemont, ha tenido un desarrollo contraproducente para los intereses independentistas. La comparecencia del exdirector del CNI, General Félix Sanz Roldán, y del exresponsable de los Mossos d’Esquadra, Mayor Josep Lluís Trapero, reafirmó la colaboración entre los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad en la lucha antiterrorista. Además, la desclasificación de documentos oficiales confirmó que el imán de Ripoll nunca fue confidente del CNI, desmontando una de las claves de la narrativa independentista.
Otro factor llamativo es que el testigo que supuestamente vio huir a Es Satty tras la explosión del chalé de Alcanar, la víspera de los atentados, no compareció ante la comisión. Este testimonio era considerado crucial por los promotores de la teoría conspirativa.
Vinculaciones políticas y beneficios indirectos
En paralelo a la comparecencia de Houli Chemlal, se ha conocido que su hermana ha sido beneficiada con una beca otorgada por el Ayuntamiento de Ripoll, actualmente gobernado por un partido independentista. La beca le permitirá cursar estudios de Enfermería, lo que ha despertado críticas por la coincidencia temporal con la declaración de su hermano en el Congreso.
Puigdemont, refugiado en Waterloo, no tardó en reaccionar a la comparecencia del terrorista. En sus redes sociales, escribió: «Más claro no puede decirlo, y probablemente pocas personas como él pueden estar en condiciones de formular esta acusación». Sin embargo, la ausencia de pruebas y la solidez de los testimonios oficiales han debilitado su estrategia de señalar al CNI como responsable indirecto de los atentados.
Conclusiones
La comisión ha evidenciado la falta de fundamento en las acusaciones lanzadas contra el CNI y la solidez del trabajo conjunto entre los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad en la investigación de los atentados. La estrategia independentista ha sufrido un revés al chocar contra los hechos probados y la falta de pruebas que respalden su teoría.
La comparecencia de un terrorista condenado en una comisión parlamentaria ha suscitado un fuerte debate sobre la instrumentalización de las instituciones para fines políticos. Mientras la justicia ha dictado sentencia sobre los atentados del 17-A, el intento de reescribir los hechos sin base probatoria ha encontrado un freno en el peso de la evidencia.
