Neiyerver Adrián León Rengel alega que fue identificado falsamente como pandillero debido a sus tatuajes y enviado al CECOT, el polémico centro de confinamiento de Nayib Bukele.
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Neiyerver Adrián León Rengel, un ciudadano venezolano de 28 años, ha interpuesto una demanda histórica contra el Gobierno de Estados Unidos. Reclama 1,3 millones de dólares por daños y perjuicios tras haber sido deportado ilegalmente el año pasado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una de las prisiones más severas del mundo, donde fue reclasificado como criminal «extremadamente peligroso».
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El error de los tatuajes y el «Tren de Aragua»
Según la demanda presentada este martes, León Rengel entró en EE. UU. de forma legal en 2023 mediante una cita de la aplicación CBP One y tenía estatus de protección activa (TPS). Sin embargo, en marzo de 2025 fue detenido en Texas.
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- Identificación errónea: Los agentes ignoraron su documentación legal y basaron su detención en los tatuajes de su cuerpo, vinculándolo falsamente con el Tren de Aragua, organización que la administración Trump cataloga como terrorista.
- Engaño y deportación: El demandante alega que fue engañado durante su traslado y enviado al CECOT salvadoreño en lugar de a su país de origen. Allí permaneció incomunicado y sufrió, según su relato, abusos físicos y psicológicos.
- Retorno a Venezuela: León Rengel no recuperó la libertad hasta julio de 2025, cuando fue incluido en un intercambio de prisioneros pactado entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.
«Limpiar mi nombre»
En declaraciones a The Miami Herald, el joven venezolano ha aclarado que su objetivo con esta acción legal no es reingresar en territorio estadounidense, sino restaurar su reputación.
«Quiero limpiar mi nombre y explicar lo que me sucedió. Cuando la gente te señala con el dedo, resulta muy difícil», afirmó León Rengel, subrayando que su caso es una advertencia sobre lo que «podría sucederle a cualquier migrante en este país».
Un precedente legal para los deportados a terceros países
Este es el primer caso de un venezolano que reclama una indemnización tras ser enviado a un tercer país bajo las actuales políticas migratorias. Organizaciones como la Lulac (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos) apoyan la querella, denunciando que se violó sistemáticamente el derecho al debido proceso al ignorar una audiencia de inmigración que el joven tenía programada para el año 2028.
La demanda pone bajo la lupa la legalidad de los acuerdos de deportación a terceros países y el uso de perfiles visuales (como los tatuajes) para justificar traslados a prisiones de máxima seguridad extranjeras sin pruebas delictivas sólidas.
