Maite Pagazaurtundúa ha manifestado en una carta a Josep Borrell la estrategia de acoso judicial que el Reino de Marruecos está ejerciendo sobre el periodista español, Ignacio Cembrero
La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, ha denunciado en una carta a Josep Borrell la estrategia de acoso judicial que el Reino de Marruecos está ejerciendo sobre el periodista español, Ignacio Cembrero. En la carta expresa la eurodiputada que “aunque ya lo advertí en el pleno del Parlamento Europeo en diciembre pasado, es importante que conozca la relación de hechos que se están produciendo contra la libertad de prensa de un periodista europeo”.
En su escrito informa que «en enero de 2014 el presidente marroquí, Abdelilah Benkirán, presentó una denuncia penal contra Ignacio Cembrero por «enaltecimiento del terrorismo» ante la Fiscalía General del Estado, que fue archivada». Seguidamente, “el Reino de Marruecos presentó contra el periodista una querella criminal por «enaltecimiento del terrorismo» ante la Audiencia Nacional; en junio de ese mismo año fue también archivada”.
Añade que en 2015 el empresario marroquí Ahmed Charai, presentó demanda civil por intromisión en el honor. Detalla Pagazaurtundú que “este empresario ha sido relacionado con los servicios secretos marroquís por diversos medios de comunicación; por ejemplo, a él se refería el diario El Mundo como «El espía de Marruecos que acusó a José María Aznar del ser el padre de la hija de la ex ministra Rachida». Al tratarse de una demanda que afectaba a un derecho fundamental, el proceso se desarrolló con la intervención del Ministerio Fiscal. La demanda fue desestimada, absolviendo íntegramente al periodista”.
Prosigue diciendo que «en abril de 2022, el Reino de Marruecos ha presentado una demanda civil en ejercicio de una acción de jactancia para que el juzgado declare que el periodista no ha ostentado nunca la condición de víctima de espionaje por parte del Reino de Marruecos y para que el periodista pase por esa declaración, es decir, no pueda decir lo contrario nunca más.
Según asegura el propio Cembrero, «se trata de una acción medieval, propia del derecho castellano, cuya finalidad era la de evitar que alguien presumiese públicamente de tener un derecho frente a otro cuando no lo podía probar». En la carta afirma que «los tribunales han admitido su vigencia, como derecho supletorio, en aquellas materias no reguladas expresamente por el derecho moderno, pero nunca en las que están previstas en la legislación actual, como es el caso del derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión».
Prosigue diciendo que «el Tribunal Supremo ha negado de forma expresa y concluyente la posibilidad de ejercitar una acción de jactancia en el ámbito de los derechos de la personalidad, como es el caso».
Como vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, considera importante “lanzar un mensaje claro contra las injerencias políticas, especialmente extranjeras, en la labor periodística puesto que este tipo de persecuciones judiciales persiguen que se dejen de denunciar hechos delictivos o infracciones de otro carácter”. Por ello, afirma que “es responsabilidad de las instituciones europeas ofrecer medidas de protección a los medios de comunicación y sus trabajadores, especialmente cuando son sometidos a represalias, acoso o coacciones por parte de potencias extranjeras».
