Más de un año después de la denuncia de los dos diputados no adscritos contra la mesa rectora dela Asamblea por un presunto delito de prevaricación administrativa, el presidente y las dos vicepresidentas, así como la secretaria General, han sido citados a declarar en condición de investigados
Unos minutos antes de las 09:00 horas de la mañana de este viernes, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y la que fuese la vicepresidenta segunda de la mesa rectora de la Asamblea, la consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed, para declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa, acusados de vulnerar los derechos fundamentales que como electos asistían a José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez cuando salieron del Grupo Parlamentario de Vox y pasaron a la condición de no adscritos. Antes de las 09:30h ha hecho lo propio la vicepresidenta primera de la Mesa de la Asamblea, la socialista Cristina Pérez. Además, está llamada a declarar la secretaria general de la asamblea, María Dolores Pastilla, en idéntica condición.
La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, tras la denuncia interpuesta, en junio de 2020, por los dos diputados no adscritos en la Asamblea, María del Carmen Vázquez y José María Rodríguez. Fue en febrero de 2019 cuando solicitaron, a través de sendos escritos presentados a la Mesa Rectora de la Asamblea, su incorporación a las diferentes Comisiones de la Ciudad, así como a las Juntas de Portavoces y Consejos de Administración de las empresas municipales, cuestión sobre la que no recibieron ninguna comunicación y en las que no se les permite participar, hasta el momento. Además, en su denuncia incluían que se está haciendo uso de sus votos «por parte de la Mesa en favor del grupo Vox, al que pertenecían deliberadamente». El 21 de mayo presentaron de nuevo dos escritos pidiendo que «se cumpliera el Reglamento de la Ciudad» para poder participar conforme al estatuto del diputado no adscrito, cuestión en la que tampoco recibieron ninguna respuesta.
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En base a esto, los denunciantes entienden que la Mesa debió resolver dicha solicitud «en plazo», y se apoyan en una sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concluyó en una sentencia de 2014 que «un diputado no adscrito no puede considerarse de peor condición que el resto».
