El grupo parlamentario Vox ha elevado al máximo la tensión política tras acusar formalmente al Gobierno de España de incurrir en un delito de traición a la seguridad nacional. Durante la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Congreso, el portavoz de la formación sostuvo que el Ejecutivo ignoró advertencias expresas enviadas por servicios de inteligencia extranjeros sobre la entrada masiva de personas registrada en la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
«80.000 personas no se concentran próximas a la frontera sin que los servicios de inteligencia de España y Marruecos tengan conocimiento de ello», recriminó el diputado de Vox a la ministra Robles.
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Avisos internacionales e imputación de delito de traición
Durante su turno de palabra, el representante de Vox interpeló directamente a la titular de Defensa para exigir explicaciones sobre las alertas previas recibidas por el Estado:
«¿Está usted en disposición de asegurar que ningún servicio de inteligencia alertó de esta invasión? Nosotros tenemos constancia de que sí lo hicieron y, por lo tanto, los actos u omisiones que ustedes han realizado, realizan y van a realizar encajan dentro del delito de traición a la seguridad de España».
Según la tesis expuesta por la formación, la inacción preventiva de los ministerios implicados ante la acumulación de personas en la línea fronteriza supuso una omisión grave en la defensa del territorio nacional.
Iniciativa para exigir responsabilidad penal al Ejecutivo
Ante la gravedad de los hechos denunciados, Vox anunció en sede parlamentaria que impulsará en el Congreso de los Diputados la activación del artículo 102 de la Constitución Española. Este precepto constitucional contempla el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de sus ministros ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en supuestos de traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Para prosperar, la norma constitucional exige ser impulsada por al menos la cuarta parte de los miembros del Congreso (88 diputados) y contar con la aprobación posterior de la mayoría absoluta de la Cámara Baja. Con este anuncio, Vox busca forzar la imputación penal del Consejo de Ministros al considerar constatada una negligencia deliberada frente al episodio fronterizo.
