MADRID.— La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha manifestado este martes el rechazo frontal de su formación al reparto autonómico de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, acusando al Ejecutivo central de valerse de la Fiscalía para imponer lo que ha calificado como un «secuestro institucionalizado de menores».
Las declaraciones se producen tras conocerse que al menos tres comunidades autónomas donde gobierna Vox junto al Partido Popular —Castilla y León, Aragón y Extremadura— están acogiendo a menores tras sus llegadas a la ciudad autónoma. Cuestionada sobre la llegada de estos jóvenes a los territorios donde su partido forma parte del Ejecutivo, Millán ha evitado precisar si las recepciones corresponden a los traslados pactados antes del 30 de julio.
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Durante su comparecencia, la portavoz parlamentaria ha afirmado que «no es justo que a los municipios se les exija más responsabilidad que al Gobierno» y ha tildado la distribución territorial de «tráfico de personas institucionalizado». Asimismo, ha defendido que en las regiones con presencia del partido se están aplicando medidas de oposición activa, como el recurso judicial contra cada petición de acogida, la realización de pruebas de determinación de edad, la reducción de ayudas económicas directas y el recorte de fondos a las ONG que prestan apoyo a los migrantes.
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Por su parte, fuentes internas de Vox han matizado la posición del partido ante la acogida en los gobiernos regionales, señalando que las comunidades están obligadas por el marco legal vigente a asumir la tutela de los menores. «Es evidente que se está obligado por ley, pero eso no significa que se comulgue con ello. No los aceptamos, nos los imponen», han argumentado, reiterando que la formación «rechaza ese reparto y se aguanta con la ley» mientras agota la vía judicial contra los traslados.
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