Tras haber sido la primera comunidad en la que Vox entró a un gobierno autonómico, Castilla y León vuelve a situarse en el centro de la estrategia de Santiago Abascal. La convocatoria electoral, que deberá celebrarse como tarde el 15 de marzo, llega en un momento delicado para el partido: sin un líder regional consolidado, con crisis internas recientes y con encuestas que apuntan a una caída respecto a su récord de 2022.
En los comicios de aquel año, Vox obtuvo un 17,6% de los votos y forzó al presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a compartir el poder. Esa fórmula, pionera, se replicó después en otras comunidades, pero se rompió en verano de 2024, cuando los de Abascal abandonaron los ejecutivos autonómicos por sus discrepancias con los populares en materia migratoria.
A nivel nacional, la salida de los gobiernos autonómicos reforzó el discurso del partido, pero en Castilla y León el efecto ha sido el contrario. La última encuesta conocida, de junio, rebaja la intención de voto de Vox al 13,2%, más de cuatro puntos menos que hace tres años.
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La marcha de Juan García-Gallardo, que se había convertido en una de las caras más visibles de la formación desde la vicepresidencia de la Junta, ha dejado un vacío de liderazgo. Entre los posibles candidatos para sustituirlo suenan Carlos Pollán, presidente de las Cortes, y David Hierro, portavoz en el Parlamento regional.
El partido llega además con menos fuerza en las instituciones: dos de sus procuradores fueron expulsados tras enfrentarse a la dirección nacional y otros cargos abandonaron Vox tras la ruptura con el PP. Hoy cuenta con 11 diputados autonómicos frente a los 13 que obtuvo al inicio de la legislatura.
Pese a la falta de estabilidad, en Vox confían en volver a ser decisivos. Argumentan que, aunque la marca regional esté debilitada, el peso de Abascal y el desgaste del PP en la gestión autonómica pueden situarlos otra vez como pieza clave en la formación de gobierno.
